Anticapitalistas en la Otra

Anticapitalistas en la Sexta es un espacio de discusión y organización política de carácter anticapitalista e internacionalista, que busca enlazar las luchas y fortalecer la unidad de las y los trabajadoras de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire, y del resto de l@s explotad@s por el sistema capitalista para avanzar en la construcción de un Programa Nacional de Lucha y su Plan de Insurrección. Como segundo propósito buscamos difundir las luchas, denuncias y actividades de los adherentes a La Sexta en el país y el mundo, y también de todos aquellos que que sin ser parte de La Sexta se encuentren abajo y a la izquierda.

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Video del mes: Palabras del mes: Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino. De no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas, la una frente a la otra, y aprovecharse, por ejemplo, de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo. CARTA DE EMILIANO ZAPATA A GENARO AMEZCUA Tlaltizapán, Febrero 14, 1918

Firma en contra de la reactivación del proyecto de despojo en Atenco

sábado, 12 de noviembre de 2011

Dos años de impunidad contra defensor@s de DH en Chiapas

Estimadas, estimados:
A solicitud de los firmantes les compartimos la siguiente denuncia pública sobre el cumplimiento de dos años del allanamiento y violación a los derechos humanos de l@s defensor@s Margarita, Adolfo y su familia.
También disponible en archivo adjunto y en el siguiente enlace:
http://chiapasdenuncia.blogspot.com/2011/11/dos-anos-de-impunidad-contra-defensors.html

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 8 de noviembre del 2011
A las Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos:
A las Organizaciones Sociales y Civiles:
A los Medios de Comunicación Convencionales y Alternativos:
A las Juntas de Buen Gobierno:
A la Otra Campaña:
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:
Al Movimiento por la Paz:

A dos años de impunidad en el caso de los defensores de derechos humanos  Margarita Guadalupe Martínez Martínez y Adolfo Guzmán Ordaz.
Han pasado dos años de que miembros de la Procuraduría General de Justicia  del Estado de Chiapas (PGJE), en concreto de la Fiscalía de Distrito  Fronterizo Sierra (FDFS), allanaron nuestra casa en la Cd. de Comitán,  Chiapas, ejerciendo abuso de autoridad y tortura sobre los cuatro miembros  de nuestra familia. Esta situación fue denunciada formalmente ante la  Fiscalía Especializada para la Protección y Atención a Organismos No  Gubernamentales para la Defensa de
Derechos Humanos, FEPAONGDDH, pero, a pesar del tiempo transcurrido, tanto  la Fiscalía como el Gobierno del Estado de Chiapas no han hecho nada para  esclarecer los hechos y continúan dando largas al asunto para encubrir a  sus funcionarios y que la verdad no salga a la luz.
Desde el inicio del proceso jurídico hemos recibido seis amenazas de  muerte, además de la privación ilegal de la libertad con elementos de  tortura a Margarita Martínez en dos ocasiones, la primera el 25 de febrero  de 2010 (36 horas antes del peritaje de reconstrucción de hechos), y la  segunda el 24 de noviembre del mismo año. Estos hechos han sido todos  denunciados públicamente.
A raíz de la privación ilegal de la libertad de Margarita el 25 de febrero  de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un  llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de nuestra  familia y nos otorgó medidas cautelares (MC) de guardia custodia a  implementar por el gobierno del Estado de Chiapas a cargo de un “cuerpo  especial” de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana  (SSyPC). Tuvimos que aceptar estas medidas ante el inminente riesgo y  vulnerabilidad en que nos encontrábamos.
Sin embargo, las MC no han facilitado el proceso de seguimiento al caso ni  han ayudado a propiciar un ambiente menos tenso, ya que la privación ilegal  de la libertad de Margarita de noviembre del 2010 se produjo con  acompañamiento de MC y en octubre del presente año recibimos en nuestro  domicilio, custodiado por miembros de la SSyPC, un anónimo con amenazas de  muerte.
Consideramos que la ineficiencia del órgano de procuración de justicia del  Estado de Chiapas, y su complicidad con los demandados, es evidente por las  siguientes circunstancias:
Primero: por la demora en la resolución del proceso. La FEPAONGDDH dividió  el caso en tres eventos con el pretexto de hacer una mejor investigación:  1o: el allanamiento: con delitos de abuso de autoridad, tortura (la cual no  quieren integrar) y lo que resulte; 2o: amenazas con agravante de muerte; y  3o: Privación ilegal de la libertad, tortura y violación. Estos tres  eventos fueron denunciados
ante la FEPAONGDDH y sólo ha integrado y ejercido acción penal del primero  omitiendo la tortura.
Segundo: por la reclasificación de los delitos que consideramos  improcedente: La FEPAONGDDH argumenta que por falta de elementos no procede  el delito de tortura, siendo que una psicóloga certificada por la ONU para  la atención en casos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul,  realizó dicho peritaje certificando tortura hacia cada miembro de la  familia.
Tercero: porque las MC establecidas por la CIDH y ejecutadas por el  gobierno de Chiapas no suponen una garantía de seguridad dado que, como se  indicó, se dieron dos eventos muy graves contando la familia con guardia  custodia.
El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, y el  Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, no están contribuyendo a la  resolución del caso ya la aclaración de los hechos a pesar de la  intervención de la CIDH, lo cual demuestra la falta de justicia y  transparencia para resolver de manera eficaz y objetiva los atropellos que  cometen los servidores públicos de su
administración.
Ante lo expuesto, denunciamos el incumplimiento de los acuerdos asumidos  por parte del Estado para hacer una investigación imparcial y expedita. A  dos años, no se han esclarecido los hechos y no se ha fincado la  responsabilidad de los acusados correspondiente. Dichas acciones ponen en  evidencia la incapacidad del Estado Mexicano, y en particular del Estado de  Chiapas, así como la falta de garantías que destina a los defensores de  Derechos Humanos.
Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas y al Estado Mexicano:
• Que le dé cabal cumplimiento a la implementación de las MC 52-10  establecidas por la CIDH, de manera eficiente y profesional.
• Que se garantice la vida e integridad física y emocional de todos los  miembros de nuestra familia.
• Que se destituya de sus cargos a todos los servidores públicos implicados  en los
eventos de hostigamiento a nuestras personas (allanamiento, abuso de  autoridad,
amenazas de muerte, tortura, privación ilegal de la libertad y violación)  en tanto no se resuelva su situación jurídica legal, ya que utilizan sus  cargos públicos para
resguardarse y mantenerse en la impunidad.
• Que se ejercite la acción penal contra los responsables de estos actos y  los autores materiales e intelectuales de estas violaciones a los derechos  humanos sean debidamente sancionados.

Basta de hostigamiento a las y los defensores de Derechos Humanos
Basta de torturas por defender nuestros derechos
Nunca más un México sin los Derechos Humanos
Atentamente,
Margarita Gpe. Martínez Martínez
Adolfo Guzmán Ordaz.


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