Consideramos que la aprobación de dicha Ley sentaría la base jurídica para la militarización del Estado mexicano, coartaría la vigencia de las garantías individuales y colectivas y legitimaría la violación sistemática de los derechos humanos, que desde el contexto de la guerra contra el crimen ha venido padeciendo la sociedad mexicana.
La actual estrategia de lucha contra el crimen, que enmarca la propuesta de Ley de Seguridad, no toma en cuenta factores políticos, sociales y económicos cruciales y algunos ya históricos, que han derivado en el incremento de la violencia que hoy sufre el país, e ignora la descomposición institucional, la corrupción y la impunidad que han permeado en todos los niveles de gobierno. Compartimos la visión expresada por algunas organizaciones de Derechos Humanos en cuanto a la percepción de que el país se encuentra al borde de la represión sistematizada y que la falta de respeto a los derechos humanos puede situarse en un nivel semejante al de las dictaduras militares que asolaron a una parte de América Latina en décadas recientes.
Por otro lado, señalamos la falsedad en la disposición mostrada por las y los diputados que habían mostrado un interés y compromiso aparentes en atender los planteamientos del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad, una expresión apartidista y ciudadana que propone un cambio real a la fallida política de seguridad impuesta por el gobierno federal y que pone por delante el respeto a los derechos humanos.
Por todo lo anterior,
Respondemos al llamado desde México del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Realizaremos acciones de sensibilización en Barcelona a partir de este 14 de agosto.
Rechazamos la consolidación de un estado militarista y policial promovido por el gobierno federal a través de la propuesta de Ley de Seguridad.
Exhortamos a los distintos órdenes de gobierno a que escuchen y adopten las propuestas en cuanto a cambio en la estrategia de lucha contra el crimen, planteadas por el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad y por el conjunto de la sociedad civil.
Exigimos que cese la criminalización y el acoso a las y los defensores de Derechos Humanos por parte del gobierno mexicano.
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