Nuevamente los empresarios Widman llevan a cabo con total impunidad agresiones contra familias de la comunidad de Agua Caliente de Panzós, A.V.
Hoy 13 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, llegaron 30 agentes de seguridad uniformados de la empresa Chabil Utzaj, disparando con escopetas y probablemente Galil. Poco después, sobrevolaron tres helicópteros y lanzaron seis granadas para quemar las milpas que sobrevivieron al desalojo y para hostigar a trabajadores que estaban rescatándolas con el objetivo de dar de comer a sus familias que atraviesan una situación sumamente difícil. Los trabajadores lograron salir ilesos aunque muy afectados.
Hay fuertes indicios de que dentro de los helicópteros se encontraban propietarios de la empresa Chabil Utzaj dirigiendo la actividad en contra de la comunidad, elemento que tiene que ser investigado.
Las familias de la comunidad de Agua Caliente, de igual manera que las demás comunidades desalojadas a mediados de marzo, sobreviven con el apoyo comunitario en lugares cercanos y con el limitado apoyo que pueden canalizar organizaciones sociales y humanitarias. Las entidades públicas han brillado por su ausencia, mostrando un incumplimiento y desinterés humanitario elemental.
Para sobrevivir, las familias desalojadas están llegando a sus sembradíos a recoger el poco maíz que les quedó después de la destrucción de las comunidades, la quema de sus viviendas y siembras.
Esta comunidad fue desalojada violentamente el 15 de marzo por la Policía Nacional Civil, el ejército, guardias de seguridad privada y propietarios de la empresa Chabil Utzaj con gran despliegue de fuerza pública y grupos armados de la finca. Todavía padecen los traumas de las bombas lacrimógenas lanzadas por la PNC, especialmente los niños y las mujeres embarazadas. Los líderes no pueden movilizarse con libertad ni ejercer sus derechos como cualquier ciudadano debido a las amenazas de la empresa y del gobierno.
Esta situación nos obliga a denunciar la complicidad e irresponsabilidad de las entidades del gobierno, llamadas a responder ante las demandas y derechos de las comunidades. Como fue firmado solemnemente en los Acuerdos de Paz, el Estado tiene la función de promotor de la concertación social y de la resolución d conflictos. En Agua Caliente y en el valle del Polochic su actuación vacía y subordinación a los finqueros está llevando a agudizar la conflictividad.
Contrariamente a lo expresado por la Presidencia de la República, no son las amenazas de seguir los desalojos de comunidades y de reprimir y criminalizar a las organizaciones sociales lo que va a resolver los problemas. La solución y fuente de toda legitimidad es dar respuesta a los derechos de la población y, en este caso, de las comunidades Q’eqchi’s del valle del Polochic. Respuestas represivas y genocidas ya tuvimos bastante con los gobiernos militares anteriores a la firma de la paz. Respuesta a los derechos irrenunciables de la población es el reto del Estado y sus instituciones.
A las entidades nacionales de verificación y protección de derechos humanos, a los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, diferentes relatorías, y a la CICIG pedimos su seguimiento, vigilancia e intervención en este caso de desalojos de tierras indígenas. Hay evidencias y un cúmulo de irregularidades en el actuar que pueden replicarse en otros lugares. Prevenir y alejar las causas del conflicto es el concepto de paz definido por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Así mismo, a entidades financieras como el BCIE y asociados que dan soporte al proyecto del Chabil Utzaj -desde su mandato de contribuir al desarrollo sostenible en la región-, no pueden asumir que con reestructurar la deuda ya se ha resuelto el problema; éste persistirá si no se resuelven y atienden los derechos de las comunidades. El hecho de que haya acudido al rescate del ingenio Chabil Utzaj el Grupo Pellas de Nicaragua, no resuelve la conflictividad ni garantiza el éxito del proyecto.
Al Ministerio Público pedimos que no escatime esfuerzos y llegue al fondo de las investigaciones y el proceso debido para identificar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Antonio B’eb Ac, de la reiterada violación a los derechos de la población Q’eqchi’, y de la ejecución de la orden de desalojo violando todo procedimiento legal y humanitario, así como transparentar las actuaciones de funcionarios del Sistema de Justicia.
Guatemala 13 de mayo de 2011
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