Declaración mundialde personajes y ONG exige liberación de 5 indígenas chiapanecos
Viernes 20 de mayo de 2011, p. 21
declaración mundialque respaldan 55 organizaciones nacionales y 33 estadunidenses.
El pronunciamiento exige
respeto al derecho a uso y disfrute de sus recursos naturales que como pueblos originarios han cuidado en el transcurso de siglos, y la libertad inmediata de Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Domingo García Gómez y Mariano Demeza Silvano. Finalmente, demanda
el retiro inmediato de las corporaciones policiacas y militares que mantienen sitiada la zona del ejido de San Sebastián, concretamente las entradas al balneario Agua Azul, mismo que hoy es administrado por los gobiernos estatal y federal.
Suscriben estas demandas Fernanda Espinosa (Ecuador), Val Thien Tlapaltic (Filipinas), Nikolitsa Angelepulou (Grecia), Benjamin Fogel y Jared Sacks (Sudáfrica), así como centenares de personas más, en especial de México, Estados Unidos e Italia, junto con organizaciones del Estado español, Suiza, Alemania, Argentina, Francia, Austria, Eslovenia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Uruguay, Bélgica y Costa Rica. También Abahlali Base Mjondolo (Movimiento de Habitantes de Casas de Cartón) y Estudiantes por la Justicia de la Universidad Rhodes, en Sudáfrica, y Kolkata for Global Justice, en India.
Hoy en día, el gobierno de Chiapas tiene detenidos arbitrariamente y en constante hostigamiento y amenazas a cinco ejidatarios de San Sebastián, todos inocentes de los delitos que se les acusan. Son víctimas del sistema de justicia mexicano, el cual está corrompido y obedece a la voz de los intereses de inversión nacional e internacional. Este sistema sirve para reprimir y destruir a los pueblos, organizaciones o personas que no coinciden con los intereses del gobierno neoliberal, que están causando estragos y la muerte de quienes apuestan a una vida donde los derechos humanos se vivan a plenitud.
desarrollomediante ecoturismo e infraestructura, como parte del Plan Mesoamérica, representa
una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida desde los pueblos originarios, que pugnan por el reconocimiento de su autonomía, que
en la práctica están ejerciendo.
se ha convertido en el ejemplo claro de que los gobiernos estatal y federal ejercen toda la fuerza del Estado para el despojo del territorio de los pueblos indígenas.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/20/index.php?section=politica&article=021n1pol
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