Las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para resguardar el regreso de los desplazados de San Juan Copala no se han cumplido por el gobierno estatal, señaló el Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala, al celebrar el foro “Autonomía Indígena, territorio, bosque, agua, minerales, Represión del estado: paramilitarismo y militarismo”, justo a los pies del Palacio de Gobierno.
En su pronunciamiento, el comité denunció que “a un mes de haberse comprometido a cumplir con las garantías para que ingrese las caravana de los desplazados, entre los que se incluyen, hombres mujeres, niños, ancianos, el gobierno de Gabino Cué no ha cumplido con las medidas cautelares de la CIDH, ni con la recomendaciones de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos)”.
Recordaron que después de seis meses de cerco paramilitar, en abril de 2010 los grupos paramilitares que relacionaron con la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) que vincularon al PRI, y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) que relacionaron a su vez con el Partido Unión Popular (PUP), atacaron a la caravana humanitaria, asesinando a Beatriz Cariño y el activista finlandés Jyri Jaakola.
También señalaron que en mayo de ese mismo 2010 fue asesinado Timoteo Alejandro, líder e impulsor de la autonomía indígena triqui, y su esposa, continuando el cerco hasta el mes de septiembre de ese año, “cuando cientos de paramilitares, bajo amenazas de intimidación y muerte, desplazaron a los indígenas que se resistían a abandonar sus casas”.
Indicaron que a nueve meses del desplazamiento, y luego del asesinato de 20 personas y la violación de más de 15 mujeres, se instalaron plantones en el zócalo del Distrito Federal y en la Ciudad de Oaxaca, como medidas de presión.
Y consideraron que este hecho, además de la presión política que ejerció “La Caravana del Color de la Sangre”, integrada por los desplazados, familiares y solidarios, que recorrió parte de Oaxaca, pasando por Puebla, Estado de México y concluyendo en la capital del país, obligó al gobierno del estado a solicitar una reunión con los representantes del municipio autónomo, en la que pidió 10 días para cumplir con las condiciones para el regreso de los desplazados e impartir justicia.
A partir de este hecho, organismos de derechos humanos, emitieron denuncias que motivaron que el 24 de mayo la CNDH emitiera las medidas cautelares, no obstante, denunciaron que hasta el momento no han sido cumplidas, por lo que consideraron como “una alianza política entre el MULT- PUP, y el gobernador”, por lo que rechazaron que a esta organización se le asignen 110 millones de pesos, para seguir controlando la zona.
Finalmente, responsabilizaron de la vida y las garantías de los desplazados al gobernador y al presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa.
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