Anticapitalistas en la Otra

Anticapitalistas en la Sexta es un espacio de discusión y organización política de carácter anticapitalista e internacionalista, que busca enlazar las luchas y fortalecer la unidad de las y los trabajadoras de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire, y del resto de l@s explotad@s por el sistema capitalista para avanzar en la construcción de un Programa Nacional de Lucha y su Plan de Insurrección. Como segundo propósito buscamos difundir las luchas, denuncias y actividades de los adherentes a La Sexta en el país y el mundo, y también de todos aquellos que que sin ser parte de La Sexta se encuentren abajo y a la izquierda.

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Video del mes: Palabras del mes: Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino. De no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas, la una frente a la otra, y aprovecharse, por ejemplo, de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo. CARTA DE EMILIANO ZAPATA A GENARO AMEZCUA Tlaltizapán, Febrero 14, 1918

Firma en contra de la reactivación del proyecto de despojo en Atenco

martes, 19 de julio de 2011

no se cumplen medidas cautelares para el MASJC

Siguen sin cumplirse medidas cautelares de la CIDH en Copala
Las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para resguardar el regreso de los desplazados de San Juan Copala no se han cumplido por el gobierno estatal, señaló el Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala, al celebrar el foro “Autonomía Indígena, territorio, bosque, agua, minerales, Represión del estado: paramilitarismo y militarismo”, justo a los pies del Palacio de Gobierno.
En su pronunciamiento, el comité denunció que “a un mes de haberse comprometido a cumplir con las garantías para que ingrese las caravana de los desplazados, entre los que se incluyen, hombres mujeres, niños, ancianos, el gobierno de Gabino Cué no ha cumplido con las medidas cautelares de la CIDH, ni con la recomendaciones de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos)”.
Recordaron que después de seis meses de cerco paramilitar, en abril de 2010 los grupos paramilitares que relacionaron con la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) que vincularon al PRI, y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) que relacionaron a su vez con el Partido Unión Popular (PUP), atacaron a la caravana humanitaria, asesinando a Beatriz Cariño y el activista finlandés Jyri Jaakola.
También señalaron que en mayo de ese mismo 2010 fue asesinado Timoteo Alejandro, líder e impulsor de la autonomía indígena triqui, y su esposa, continuando el cerco hasta el mes de septiembre de ese año, “cuando cientos de paramilitares, bajo amenazas de intimidación y muerte, desplazaron a los indígenas que se resistían a abandonar sus casas”.
Indicaron que a nueve meses del desplazamiento, y luego del asesinato de 20 personas y la violación de más de 15 mujeres, se instalaron plantones en el zócalo del Distrito Federal y en la Ciudad de Oaxaca, como medidas de presión.
Y consideraron que este hecho, además de la presión política que ejerció “La Caravana del Color de la Sangre”, integrada por los desplazados, familiares y solidarios, que recorrió parte de Oaxaca, pasando por Puebla, Estado de México y concluyendo en la capital del país, obligó al gobierno del estado a solicitar una reunión con los representantes del municipio autónomo, en la que pidió 10 días para cumplir con las condiciones para el regreso de los desplazados e impartir justicia.
A partir de este hecho, organismos de derechos humanos, emitieron denuncias que motivaron que el 24 de mayo la CNDH emitiera las medidas cautelares, no obstante, denunciaron que hasta el momento no han sido cumplidas, por lo que consideraron como “una alianza política entre el MULT- PUP, y el gobernador”, por lo que rechazaron que a esta organización se le asignen 110 millones de pesos, para seguir controlando la zona.
Finalmente, responsabilizaron de la vida y las garantías de los desplazados al gobernador y al presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa.
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