28 Mayo 2013
Soja, minería,
monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y
tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos,
indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los
asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas.
INFORME ESPECIAL Por Darío Aranda
Postal de la década. "Viva la Pacha Mama", exclaman mientras atrás desmontan.
Tomado del video de Gonzalo Infante en el desalojo de ayer en Santiago del Estero
Tomado del video de Gonzalo Infante en el desalojo de ayer en Santiago del Estero
El monocultivo
de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a
ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40
proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos
actividades, que confirman el avance en la última década del
extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con
consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos,
desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento,
concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y
la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.
Cuando Néstor
Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas
(el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento
de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de
manera eufemística: "Corrimiento de la frontera agropecuaria".
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de
1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de
Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación
en informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario,
gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias,
universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo:
un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160
millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33
millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de
Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras
consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia
el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del
propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de
las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la
tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más
pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma
agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen
casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI,
la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional
Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf)
emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de
diálogo con el Gobierno): "Las organizaciones campesina e indígenas y de
la agricultura familiar vamos por lo que falta".
"En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los
sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la
resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El
gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de
concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de
nuestro campo", afirma el comunicado. Y describe la situación actual:
"El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y
concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme
dependencia de divisas en el monocultivo de soja".
Señalan además que "hay muy buenas condiciones para dar un giro en la
política" para fortalecer al campesinado y promover otro modelo
agropecuario, pero alerta que "no es posible si no se cambian las reglas
de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la
tierra y a favor de la economía popular".
Destacan diez puntos: "tierra, trabajo y dignidad en el campo",
frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la
producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo,
limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas
nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos
los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario
por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además
cuentan con devolución del IVA. Otorga "estabilidad fiscal" por 30 años
(cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos,
no modifica el régimen fiscal de las compañías).
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja)
pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La
Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres
millones de hectáreas.
Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le
siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con
ocho por ciento).
Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por
ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema
del monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el
Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas
nucleadas en AFOA.
Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En
octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió
los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas.
También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro
Dragón). "En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una
consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del
noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los
actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios
beneficios que tenían", afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la "estatización parcial" del YPF creó expectativas
y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. "El
último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La
estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de
déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de
concepción con respecto a la década del noventa", afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un "corrimiento
de la frontera hidrocarburífera". Muestra de eso: la Organización
Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba
integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006,
todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para
favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. "Claras
zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre
otras", precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción
con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado "fracking"). El
agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de
técnicas para explotar yacimiento "no convencionales", que se encuentran
en una "roca madre". Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes
volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el
hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de
Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue
prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San
Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del
Uruguay, Colón y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su "Estrategia de gestión
2013-3017". En la página 51 señala que "Argentina tiene un enorme
potencial de no convencional" e identifica siete cuencas que involucran a
18 provincias.
La semana pasada, YPF anunció la firma de un "preacuerdo" con la estadounidense Chevron,
para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar
también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza).
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando
toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que
obliga al "consentimiento libre, previo e informado" de las comunidades.
La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance
petrolero.
La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un
comunicado: "Histórica inversión (minera)". Informó el aumento de la
exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado
remarcó que "el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de
los países con mayor dinámica en esta actividad" y explicó que "el
fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de
nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo
concepto". Y detalló que las principales provincias con proyectos
mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza,
Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (informe "La minería en números"), en
2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336
(840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en
2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero
(que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas --luego
se supo que era un militante del PJ--) y reconoció la necesidad de "una
discusión en serio" respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó
el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de
camiones de Alumbrera.
"En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que
más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en
ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una
producción de minerales que se multiplicó por diez", celebra el cable de
la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro:
"Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013".
Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: "La puesta en marcha
del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un
nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del
Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como
política de Estado".
Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI),
en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de
favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para
pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para
impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas
cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la
contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales ("bienes
comunes"), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a
pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro
desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y
políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de
yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003)
y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el "no a la mina" por más del
80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido
plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca),
y en Famatina y Chilecito (La Rioja).
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista,
sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al
extractivismo.
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los
procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena
relevar, en tres años, todos los territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta
noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde
aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén).
La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que
en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las
comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de
los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar
adelante el programa. "El Programa de Relevamiento Territorial ha
logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de
implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las
carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento", denunció la AGN.
La llamada "ley de glaciares"
fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso
el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual
freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el
10 de noviembre. "El veto Barrick", la bautizó el funcionario nacional,
Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley
26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del
Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los
cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el
Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia),
que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una
presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de
2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento.
En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el "primer
informe del Inventario Nacional de Glaciares". Relevó "cuerpos de hielo"
en seis provincias, donde "se identificaron más de 4 mil glaciares que
cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados".
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más
conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007.
Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego
del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero
de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala
selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado,
Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida
Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base a datos
oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. "Si
bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual
disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a
230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según
datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas.
Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y
Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación",
afirman las ONGs.
El informe, llamado "Ley de Bosques: cinco años con pocos avances",
estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se
deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627
hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del
periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron
2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de
Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en
noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años.
Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y
Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
"No soy la Presidenta de las corporaciones", afirmó Cristina
Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de
reasunción, en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter
Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El
encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco
de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de
Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro)
fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas
(espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la
Presidenta anunció: "Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos
anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además
estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la
vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la
verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el
prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas
Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla
de carácter transgénico".
Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por
ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86
por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores
productores de agrotóxicos.
Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura
aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja ("RR2 Intacta").
Como ya fue mencionado, YPF anunció un "preacuerdo" con la
estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías
petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones
de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado
(650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a
ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y
trabajaban pueblos indígenas y campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de
Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea
Socioambiental del NOA -Asanoa-). "Si bien en muchos aspectos y
dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la
restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde
el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los '90, también
hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de
violación a los derechos humanos", afirma Machado Aráoz. Y denuncia:
"Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a
gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus
fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y
reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y
guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación
'público-privada' por terratenientes sojeros, empresarios mineros,
petroleros, y caudillos políticos provincianos".
Araóz, coautor del libro "15 mitos y realidades de la minería
transnacional en Argentina", describe que en la última década en las
provincias ha crecido el (término nuevo) "feu-deralismo extractivista".
Explica que los "ingresos" de las actividades primario-exportadoras han
contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades:
"Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la
pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población
cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la
administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas".
Resume al extractivismo como la "combinación de la depredación de los
ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro
y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia
sustantiva".
En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó
hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del
"Bicentenario". Habían marchado durante una semana en tres columnas
(NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo
promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos
protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los
pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión.
La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre
las comunidades y les pidió ser "inteligentes" para aceptar los avances
de la modernidad.
Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el
petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El
discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve
oportunidades a ser "inteligentes" para negociar y aceptar los cambios.
También llamó a ser "realistas" y "sensatos".
Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz
Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San
Juan. "Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones
porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica
que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene
(...) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a
decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de
organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado
por las trasnacionales", contestó la referente warpe y, frente a la
misma Presidenta, le aclaró: "somos un pueblo espiritual y de
resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado
nacional y provincial que ejecute las leyes".
A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los
diez años de gobierno kirchnerista: "Esta década unos la dan por
'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década
ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este
Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que
entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie
y seguiremos en lucha".
Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta
(Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los
camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina.
Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos
para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo
el país) declaró el estado de altera y movilización. "La respuesta de
los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión
(...) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la
brutal megaminería no finalizan (...) La brutalidad y las amenazas
provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa.
Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política
de ganancias y destrucción".
En julio pasado, en Cerro Negro
(cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque
reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el
paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en
democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la
provincia.
En noviembre pasado fue el turno de Rawson,
donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon
con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura.
El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La
Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de
mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli
(realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban
por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de
mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero.
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150
activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos
Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo
Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500
campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes
dudosas (catalogados como "accidentes" por la policía pero denunciadas
como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar
(octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012,
Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa),
Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López
(junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de
Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de
Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé --beba de 10 meses--
(ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de
Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera),
Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta.
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