El 10 de
mayo la policía municipal de Jojutla, Morelos impidió que una comerciante ofreciera sus
productos en la vía pública, que consistían en peluches y bolsas para regalos.
Minutos
antes se había negado a dar cien pesos de “mordida” a un policía. La
comerciante argumentaba que era de hecho la ganancia que esperaba obtener.
Al saber del
atropello los integrantes de su organización, la Unión Revolucionaria de
Comerciantes y Artesanos Indígenas Zapatistas (URCAIZ), reclamaron el regreso
de la mercancía que había sido decomisada.
La
autoridad
exigía el pago de una “multa” por 1,200 pesos prometiendo que al lunes
siguiente regresarían la mercancía. Sin embargo no sucedió y el martes
14 la
URCAIZ con otros integrantes de colectivos adherentes a la VIDSL, se
movilizaron e hicieron un mitin frente las oficinas del Ayuntamiento,
cansados además de los abusos de la autoridad que permanentemente les
despojan de su mercancía aparte de exigirles 15 pesos diarios por
dejarles vender, además de un "extra" para la "chela".
En un
instante alrededor de 60 policías municipales arremetieron contra los poco más
de 25 manifestantes –mujeres y niños entre ellos- que se encontraban en el
mitin, golpeando a diestra y siniestra, ensañándose en particular con los
hombres, siendo apresados 10 de ellos, contando 3 menores que fueron encerrados
con los presos comunes por las más de 10 horas que duró la reclusión.
Dentro de la
cárcel, los policías golpearon incesantemente a los detenidos, a algunos de
ellos hasta perder el sentido siendo reanimados con agua de las letrinas para
seguir siendo golpeados.
Afuera las
mujeres se reagruparon y convocaron a más compañeras y compañeros para demandar
la liberación de los detenidos. Se presentaron cerca de las 13 horas a un
costado de la sede de la presidencia municipal, donde la alcaldesa Hortensia
Figueroa Peralta –perredista-, sostenía una reunión del DIF local.
El coraje de
las mujeres hacía recordar a la presidenta municipal quien había sido su padre,
un reconocido dirigente cañero luchador por los derechos de sus compañeros.
Una nueva
represión no se hizo esperar, e igual que la anterior la policía dio con todo a
los manifestantes llevándose esta ocasión a 3 personas, un menor entre ellos.
De nada sirvió que los manifestantes recordaran el derecho constitucional a un trabajar
como el ejercicio del comercio que, recordaron, el que ahora llaman informal es
el que por cientos de años atrás se ha ejercido en las comunidades y pueblos en
los llamados tianguis o ferias.
Esta vez sí
apresaron a una mujer que fue llevada aparte dentro de la cárcel para obligarla
a quitarse la ropa, pues los policías debían “comprobar” si portaba o no armas o drogas para lo cual fue palpada en sus
partes íntimas.
Cerca de las
10 de la noche fueron puestos en libertad las 13 personas que fueron apresadas.
Todos con golpes (contusiones, costillas rotas, hematomas) en diferentes partes
del cuerpo, todo lo cual fue constatado por médicos y por la comisión local de
derechos humanos del estado.
(Relato
elaborado en base a los testimonios de las y los compañeros, fotos, videos y textos
de periódicos)
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