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May 1st Coalition for Immigrant & Workers Rights
PRESOS DE ANGOL MANTIENEN MOVILIZACIÓNPOR AZKINTUWE
1 de Octubre de 2010
Habla Héctor Llaitul, líder de los 32 comuneros en huelga de hambre
“Estamos dispuestos a entregar la vida en beneficio de la causa mapuche”
Acusado por el Ministerio Público de participar en un ataque en contra de un fiscal en 2008, y pronto a enfrentar un juicio oral donde se piden más de cien años de condenas, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, asegura desde la cárcel que no buscan absolución, sino un juicio justo y que no se aplique la Ley Antiterrorista.por El Mostrador
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En la otra vereda, el Senado, aprobó por unanimidad la modificación a la Ley Antiterrorista, pero sin eliminar el delito de incendio, una de las principales demandas de los comuneros acusados por el Ministerio Público, ya que no hay acuerdo político.
Al interior del movimiento, en tanto, comienzan a verse las primeras disparidades de criterio, pero nada es aún definitivo. De hecho, hasta la Corte Suprema se sumó en la búsqueda de soluciones a este conflicto, pero sólo a “escuchar”, ya que son los tribunales los que en última instancia deben resolver el futuro procesal de los huelguistas.
En este contexto, sin embargo, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, organización a la que se le atribuyen el aumento de la violencia en la Octava y Novena regiones, no había entregado su versión sobre la huelga y sus alcances.
“Estamos dispuestos a entregar la vida, siempre que sea parte de un proceso en beneficio de la causa mapuche y de nuestras demandas”, dijo a El Mostrador quien es sindicado como el jefe militar del grupo, conocido también como el “Comandante Héctor”.
Llaitul fue detenido el 22 de febrero de 2007, luego de un control de identidad hecho por detectives de Concepción. En 2008 fue absuelto y quedó en libertad. El 16 de octubre de ese año, Llaitul presuntamente habría ordenado atacar al fiscal de la Novena Región, Mario Elgueta, quien investigaba los atentados en la zona de la Araucanía. En la ocasión el fiscal y cinco policías fueron heridos por disparos de escopeta realizados por un grupo de encapuchados en las cercanías de Tirúa. Llaitul ha asegurado que lo ocurrido no fue una emboscada sino un enfrentamiento. Por este caso Llaitul fue detenido el 15 de julio de 2009 mientras visitaba a su madre en Osorno. Desde esa fecha ha estado en prisión preventiva y se encuentra acusado por Ley Antiterrorista por el Ministerio Público, debido a su presunta participación en el atentado al fiscal Elgueta y espera el juicio oral, donde la fiscalía pide una condena de más de cien años de cárcel.
“La Ley Antiterrorista no debería aplicarse”
Desde su celda de la cárcel El Manzano en la capital de la región del Biobío, este asistente social de la Universidad de Concepción, coordina los pasos a seguir con la vocera de los huelguistas, Natividad Llanquileo y con su mujer, Pamela Pessoa, quienes los han representado en las negociaciones con el gobierno.“Al no ver un gesto claro del gobierno de tratar de incidir en el Ministerio Público, tratando de quitarle el piso político y jurídico para empezar a desprocesar por la vía administrativa, aún no tenemos garantía para poder bajar la huelga y ante eso vamos a insistir”.Llaitul reconoce que la salud de sus “hermanos” empeora cada día y que de no mediar acuerdo, varios de ellos tendrán problemas de salud irreversibles que los dejarán con secuelas. “No se trata de la muerte de uno, dos o tres huelguistas, porque cualquiera sea el número sería muy doloroso para nosotros, son buenos elementos que se perderían”, dice y explica que la estrategia de los huelguistas siempre ha estado centrada en la negociación y en la búsqueda de acuerdos que les permitan alcanzar sus demandas.
Sin embargo, asegura que ello será posible siempre y cuando se haga “dentro del esquema del quehacer político de gente que no está en la causa, pero si puede hacer provecho y sacarle dividendo al contexto que se ha generado con el movimiento y la causa”.
Por ello reitera que la vía legislativa no fue solicitada por ellos, sino que fue impuesta “con fuerza” por el gobierno “y otros sectores entraron, y en algún momento causó cierta simpatía al interior del movimiento de huelguistas pero después nos ordenamos y vimos que esa no era tanto la vía, aunque sí es una posibilidad que queda abierta”.
Según Llaitul la aplicación de las leyes en el caso de los mapuche tiene fuertes componentes discriminatorios. “Muchos organismos internacionales han dicho que la Ley Antiterrorista no debería aplicarse en el caso de la protesta social mapuche, pero en Chile cuesta hablar en esos términos”.
“Estas leyes son de aplicación con trasfondo político. Por eso decimos que somos perseguidos políticos y deberían darnos la categoría de presos políticos; porque estas leyes están sujetas a la voluntad política de los gobiernos de turno y por eso son invocadas y pueden ser definidas y adecuadas desde la autoridad estatal y particularmente por el Ejecutivo”, insiste.
Bajo ese prisma, Llaitul manifiesta que para “descomprimir el conflicto”, la voluntad del Ejecutivo debe plasmarse en una intervención real a la Ley Antiterrorista, “para que nosotros podamos ser reprocesados y se logren reformalizaciones y recalificaciones en las causas que nos permitan libertades o acceso a juicios justos con condenas dignas o correspondientes. Por eso decimos y seguimos insistiendo, que la vía del Ejecutivo es una vía administrativa.
“Los fiscales detonaron esta huelga”
El principal obstáculo para alcanzar acuerdos, asegura, es el accionar del Ministerio Público: “(Son los) fiscales los que han detonado esta situación y eso tiene incómodo al gobierno. De hecho el gobierno debiera ser hábil políticamente y actuar de alguna manera sobre el Ministerio Público porque su actuación no va en concordancia con lo que hace el gobierno”.Al respecto, hay que recordar que el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, descartó cualquier modificación al criterio de acusación en contra de los comuneros mapuche que hayan participado en incendios o en atentados contra autoridades, cerrando con ello cualquier posibilidad de negociación, mientras no se modifique la ley.
Más allá de lo anterior, Llaitul insiste en que “existen visiones sobre la interpretación de la ley que ni siquiera coinciden con entre la administración actual. Por eso decimos que los que detonaron este conflicto, esta huelga en particular, fueron los fiscales”.
Inquirido respecto a si lo que buscan es quedar fuera de los juicios iniciados por el organismo perseguidor, Llaitul asevera que no piden ni libertad ni absolución. “Lo que queremos es un juicio justo, que estén las garantías para eso, porque ahora con la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, no tenemos esas condiciones”.
“Al no ver un gesto claro del gobierno de tratar de incidir en el Ministerio Público, tratando de quitarle el piso político y jurídico para empezar a desprocesar por la vía administrativa, aún no tenemos garantía para poder bajar la huelga y ante eso vamos a insistir”.
Reconocimiento internacional
Por esta razón, reconoce que la huelga les ha permitido logros como conseguir canales adecuados para difundir la situación a nivel internacional. Y cita como ejemplo la carta que dirigió al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, la que fue solicitada por redes internacionales “que respaldan la causa mapuche”.Asimismo, indica que debido a lo anterior, sumada la huelga y las gestiones de todo orden, les abrió el camino para que la “protesta social de la causa mapuche” sea reconocida, porque a su juicio, no están presos por cuestiones delictuales, sino “porque somos la expresión de la lucha de un pueblo”.
“Sentimos también que hay una mejor comprensión del tema mapuche, no sólo porque se discute el tema al interior de las comunidades. Antes el apoyo era sobre la justeza de la causa en general y un poco de apoyo buena onda, por la discriminación que nos afecta, pero hoy vemos que el apoyo es más político tanto a nivel nacional e internacional, el apoyo es más hacia las propuestas que está teniendo el pueblo mapuche para salir frente a esta opresión”, reitera Llaitul.
El dirigente de la CAM, por otro lado, rechaza las calificaciones de “violentistas” y “terroristas”, más allá de los delitos que se le imputan. En este sentido, asegura que su norte político y su lucha son una “expresión autodefensa”, y que ambas responden a la actitud que el Estado ha tenido con su etnia.
“Nuestra reacción ha sido defensiva, tiene una connotación de legitimidad a todo nivel. Apelamos incluso al derecho internacional en ese tema, porque el derecho de la rebelión de los pueblos oprimidos está consagrado en la Carta Fundamental de DDHH, nosotros apelamos a ese derecho y a los derechos de todos los pueblos que tienen la necesidad de hacer frente a la opresión y ese es el derecho del pueblo mapuche… no solo hacemos resistencia, tenemos una propuesta de salir frente a la dominación”, enfatiza.
http://radio.uchile.cl/
Viernes 1 de Octubre 2010 18:45 hrs.
Estos son los 35 mapuche en huelga de hambre
Rodrigo Alarcón
Este es el detalle de los comuneros presos en huelga de hambre: dónde están, qué delitos se les imputan, desde cuándo están en prisión, qué relaciones tienen entre ellos y cuándo se unieron a la huelga de hambre.
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Mauricio Huaiquilao Huaiquilao, Comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeco. Calificado como dirigente de la CAM, fue detenido el 5 de febrero de 2009 y se le imputa participación en distintos ataques incendiarios, por los que se pide la aplicación de la Ley Antiterrorista. Como todos los comuneros presos en Concepción y Temuco, inició la huelga de hambre el 12 de julio. Según denunció la ONG Liberar, durante tres días fue sancionado con aislamiento por haber infringido el reglamento penitenciario y estuvo en una celda donde había excremento, orín y condiciones generales de insalubridad.
Luis Tralcal Quidel, Comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeco. Ha sido apuntado como dirigente de la CAM, su esposa es la vocera María Tralcal y está en prisión preventiva desde el 5 de agosto del año pasado, pero a principios de agosto fue absuelto de los cargos por el incendio del fundo Las Praderas (2006). Sin embargo, enfrenta la Ley Antiterrorista por otras causas.Pablo Canío Tralcal, Comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeco. Estuvo en prisión preventiva desde octubre del año pasado hasta el pasado 14 de septiembre, cuando fue dejado en libertad bajo fianza junto a Sergio Catrilaf. Se invocó la Ley Antiterrorista para imputarlos por el atentado a tres camiones y un vehículo de Tur Bus en el bypass de Temuco en 2009, aunque los comuneros aseguran que el bus solamente resultó rayado y no se les puede acusar de haber cometido un acto terrorista.
Daniel Canío Tralcal, Comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeco. Hermano de Pablo Canío, está en huelga de hambre desde el 12 de julio y en prisión preventiva desde el 27 de octubre del año pasado. Se le acusa por su presunta participación en el ataque del bypass de Temuco y el ataque incendiario al fundo Brasil, en septiembre de 2009. Según la Fiscalía, es uno de los mapuche que ha tenido contactos con las FARC colombianas.
Sergio Catrilaf Marilef, Comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeco. Al igual que Luis Tralcal, está en huelga de hambre desde el inicio de la movilización y se mantiene en libertad con medidas cautelares, acusado del mismo delito. Ambos continúan con la medida en el hogar mapuche Las Encinas. Fue detenido en un violento allanamiento en la comunidad que lidera, que dejó varios heridos entre los mapuche.Pedro Cheuque Aedo, Comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeco. Es el tercero de los huelguistas en libertad, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco le dictara arresto domiciliario el pasado 15 de septiembre. Acusado también por el ataque en el bypass de Temuco para el que se invocó la Ley Antiterrorista. Dos días antes había sufrido una descompensación en plena sesión del Tribunal de Garantía mientras se revisaban sus medidas cautelares.
Ángel Reyes Cayupán, Comunidad Mateo Ñirripil. Tiene 20 años y es otro de los imputados por el ataque al fundo San Leandro, se le acusa de incendio, robo con intimidación, hurto simple, lesiones menos graves, incendio terrorista y homicidio frustrado. Está preso desde el 28 de noviembre pasado y en huelga de hambre desde el 12 de julio, como los demás comuneros recluidos en Temuco.
Jorge Cayupán Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil. En huelga de hambre desde el inicio de la movilización, la semana pasada sufrió taquicardia y hemorragia nasal. Gendarmería lo trasladó a la enfermería del penal, pero su familia acusó que demoraron hora y media en hacerlo. Tiene 20 años y se le dictó prisión preventiva en febrero pasado, luego de ser detenido en Curarrehue por los ataques a los fundos San Leandro y Brasil.Francisco Cayupán Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil. Tiene 24 años, es hermano de Jorge Cayupán, está en huelga desde julio y fue detenido en San Antonio en marzo pasado. Se le acusa de participar en el ataque a los fundos San Leandro y Brasil, por los que se ha invocado la Ley Antiterrorista. Al igual que para su hermano Jorge, la Fiscalía pide 48 años de cárcel para él por ocho delitos.
Elvis Millán Colicheu, Comunidad Mateo Ñirripil. Detenido desde diciembre de 2009 y en huelga desde julio, se le acusa de participar en los ataques a los fundos San Leandro y Brasil. A fines de agosto sufrió una arritmia cardiaca y fue hospitalizado, pero volvió a la cárcel. Sin embargo, el 10 de septiembre debió ser reingresado en el hospital de Temuco luego de autoinferirse heridas cortantes en el abdomen. Se le acusa de ocho delitos y arriesga 48 años de cárcel. Su hermano es el vocero Erick Millán.
Eliseo Ñirripil Cayupán, Comunidad Mateo Ñirripil. Tiene 24 años y fue detenido el domingo 17 de enero en la Escuela D-311 de Lautaro, justo cuando votaba para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Imputado por los ataques incendiarios a los fundos San Leandro y Tres Luces de Lautaro, y Brasil de Vilcún. Al igual que Elvis Millán, se han pedido 48 años de prisión para él.Marco Millanao Mariñán, Comunidad Pascual Coña, Lleu Lleu. Está preso desde el 15 de agosto del año pasado, imputado por diversos ataques incendiarios entre 2005 y 2009. Es considerado por la Fiscalía como uno de los miembros de la CAM que ha tenido nexos con las FARC en Colombia. En diciembre fue revocada la prisión preventiva que pesaba sobre él por ataques en Lleu Leu, pero sigue recluido por otras acusaciones.
Claudio Sánchez Lorca, Temuco. Fue detenido hace casi un año en el hogar universitario mapuche de Temuco, lugar que fue allanado por carabineros. Estudiante de Pedagogía Intercultural, está en prisión preventiva desde esa fecha, acusado de participar en el ataque a un bus de pasajeros ocurrido en el bypass de Temuco.
Cárcel El Manzano de Concepción
Luis Menares Chanilao, Comunidad Nalcahue de Chol Chol. Preso desde abril de 2009 y procesado por la Segunda Fiscalía Militar de Concepción desde esa fecha por homicidio frustrado, asociación ilícita terrorista y robo con intimidación contra el fiscal Mario Elgueta y tres policías, ocurrido en 2008 y por el cual se acusa a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Tiene 24 años e inició la huelga de hambre el 12 de julio, como los demás presos en Concepción. El pasado 18 de septiembre fue trasladado al Hospital Regional de Concepción.
Ramón Llanquileo Pilquimán, Comunidad Puerto Choque, Tirúa. Hermano de la vocera Natividad Llanquileo, es otro de los procesados por el ataque al fiscal Elgueta y se encuentra recluido desde abril de 2009. El pasado 7 de septiembre lo trasladaron al Hospital de Concepción con cortes que se habría hecho él mismo en la zona abdominal y un brazo. Tiene 28 años y es hijo de Emilia Pilquimán, según denuncias, golpeada brutalmente por Carabineros hace pocas semanas a las afueras de la cárcel El Manzano. Arriesga penas por 64 años.
José Huenuche Raimán, Comunidad Puerto Choque, Tirúa. Tiene 33 años y permanece en prisión preventiva desde abril de 2009. Es el tercer procesado por el ataque contra el fiscal Elgueta. Se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional de Concepción desde el domingo 12 de septiembre y es hijo de Juana Reiman, vocera de los presos de la cárcel El Manzano. Hijo de la vocera Juana Raimán.
Jonathan Huillical Méndez, Comunidad Lonquimay. El cuarto procesado por el ataque al fiscal Elgueta tiene 25 años, estudiaba en Inacap y también está en prisión preventiva desde abril de 2009, cuando fue detenido en los alrededores del hospital de Temuco. La Fiscalía ha pedido 51 años de cárcel para él. El 31 de agosto sufrió una descompensación por la que fue enviado al Hospital Regional de Concepción. Luego volvió a la cárcel, pero el pasado 12 de septiembre fue trasladado otra vez al centro de salud. Hospital Regional de Concepción por segunda vez.
Héctor Llaitul Carrillanca, San Ramón, Tirúa. Asistente social de la Universidad de Concepción de 41 años, considerado uno de los líderes de la CAM, la Fiscalía de Cañete pide 103 años de cárcel para él por nueve delitos, como asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado y atentado contra el fiscal Elgueta. A mediados de 2008 fue absuelto y dejado en libertad tras pasar más de un año detenido, acusado de dirigir un grupo que en 2006 quemó un camión e instalaciones en el fundo “Las Praderas” de Chol Chol, proceso en que fue defendido por el ex juez Juan Guzmán.El fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, ha dicho que junto a otros miembros de la CAM ha recibido entrenamiento militar de las Farc en Colombia. En prisión preventiva desde julio del 2009, es el único de los huelguistas que permanece en la cárcel, aunque a principios de septiembre sufrió una descompensación que obligó a llevarlo a un hospital, donde se negó a ser tratado. En agosto fue acusado junto a otros comuneros por asociación ilícita terrorista y asociación para el robo de madera, y poco después su hijo Ernesto, de 17 años, fue detenido y resultó lesionado en incidentes ocurridos a las afueras de la cárcel El Manzano. En la víspera de la Asamblea General de la ONU escribió una carta al secretario general Ban Ki Moon pidiendo su intervención en la huelga de hambre.
Cárcel de Llancahue, Valdivia
Andrés Gutiérrez Coña, Comunidad Cristóbal Relmul, Nueva Imperial. Tiene 22 años, se sumó a la huelga el 19 de julio y está hospitalizado en Nueva Imperial desde el 13 de septiembre. Desde marzo de 2009 en prisión preventiva, ex estudiante de agronomía, el pasado 6 de septiembre fue trasladado a un tribunal de Lautaro junto a otros comuneros para el inicio del juicio por incendio en el fundo San Leandro, Lautaro, caso por el que se invocó la Ley Antiterrorista. En la ocasión, Elvis Millán, Francisco Cayupán y Luis Tralcal debieron ser atendidos por un paramédico.Centro de Detención Preventiva de Angol
Waikilaf Cadín Calfunao, Comunidad Juan Paillalef, Cunco. En prisión preventiva desde mayo del 2010 por infracción a la ley de armas. En la cárcel también han estado su madre, la lonko Juana Calfunao, su padre Antonio Cadín -werkén de la comunidad-, su tía Luisa Calfunao y sus hermanos Carolina y Jorge. Su hermana menor, Remultray, está asilada en Suiza. Ya había estado preso en diferentes ocasiones y se unió a la huelga de hambre el 21 de julio. Permanece hospitalizado desde la semana pasada en Victoria.
Víctor Llanquileo Pilquimán, Comunidad Puerto Choque, Tirúa. Uno de los primeros en sumarse a la huelga de hambre desde Angol, inició el ayuno el 21 de julio pasado. Está en prisión preventiva desde noviembre pasado. También es hermano de la vocera Natividad Llanquileo.Víctor Queipul Millanao, Comunidad Autónoma Temucuicui. Se unió a la huelga el 26 de julio y permanece en prisión preventiva desde mediados de octubre del año pasado. En esa ocasión fue formalizado junto a otros cuatro comuneros de la comunidad Temucuicui, acusado de incendiar dos camiones y asaltar el peaje de Quino, hecho por el que fue invocada la Ley Antiterrorista. Su hija, la adolescente Vania Queipul, fue absuelta luego de ser sacada el año pasado del Complejo Educacional de Collipulli por agentes de la PDI, acusada por la quebrazón de ventanales en oficinas del Ministerio Público en esa ciudad, cuando una caravana de manifestantes había recibido el cuerpo del asesinado Jaime Mendoza Collío. Su sobrino, Patricio Queipul, también menor de edad, está prófugo desde octubre de 2009.
José Queipul Huaiquil, Comunidad Autónoma Temucuicui. En prisión preventiva desde octubre del año pasado, cuando fue formalizado por el incendio de camiones y asalto del peaje de Quino. Se unió a la huelga el 26 de julio, poco después de que se rechazara una petición de la fiscalía para que se dictara prisión preventiva contra él por el atentado contra un bus con pasajeros y tres camiones en el bypass de Temuco.
Camilo Tori Quillinao, Comunidad Autónoma Temucuicui. Fue hospitalizado en Victoria la semana pasada luego de estar en ayuno desde el 26 de julio. Se pidió la aplicación de la Ley Antiterrorista en su contra a mediados de octubre de 2009, fecha desde la que se mantiene en prisión preventiva por el ataque en el peaje de Quino.
Felipe Huenchullán Cayul, Comunidad Autónoma Temucuicui. Tiene 24 años y –junto a Fernando Millacheo- fue el primer huelguista hospitalizado en forma permanente, en el Hospital de Victoria, desde el 11 de septiembre pasado. Antes fue llevado al hospital de Angol, donde fue forzado a entregar muestras de sangre. Es uno de los cinco comuneros acusados del ataque en el peaje de Quino. El vocero Jorge Huenchullán es su hermano.Lorenzo Curipán Levipán, Comunidad Rankilko. Se sumó a la huelga el 26 de julio, cinco días después de ser condenado a cinco años de cárcel por incendio al fundo El Carmen, ocurrido en septiembre del año pasado, hecho por el que fue detenido a fines de octubre de 2009. Es el hermano del vocero Rodrigo Curipán.
Fernando Millacheo Marín, Comunidad José Millacheo de Newen Mapu, Chequenco. En prisión preventiva desde el 10 de junio. Como casi todos los comuneros presos en Angol, se sumó a la huelga el 26 de julio. Luego de una descompensación, fue trasladado el 11 de septiembre a la UTI del hospital de Victoria, donde estuvo seis días antes de volver al penal. La semana pasada el Tribunal de Angol lo absolvió junto a su hermano José por la quema de un camión en Ercilla, ocurrido en abril de 2008. Sin embargo, permanece preso por su presunta relación con el ataque al fiscal Elgueta en Tirúa.José Guillermo Millacheo Marín, Comunidad José Millacheo de Newen Mapu, Chequenco. Acusado junto a su hermano Fernando por el ataque incendiario de un camión, fue absuelto la semana pasada luego de permanecer en prisión preventiva desde junio. Junto a él se mantuvo en la clandestinidad cerca de dos años hasta ser detenidos en un operativo donde “fuimos agredidos de patadas y puños por policías que cubrían sus rostros, obligados a declarar ante estas mismas personas, mientras nos mantenían desnudos en la camioneta policial”, según denunciaron. En huelga de hambre desde el 26 de julio.
Eduardo Osses Moreno. Considerado simpatizante de la causa mapuche, a inicios de septiembre recibió suero en el hospital de Angol, adonde fue trasladado después de sufrir una descompensación. Aunque en septiembre de 2009 fue liberado tras ser acusado de atentar contra dos camiones en la ruta 5 sur, la decisión fue revocada y volvió a ser detenido en diciembre.Carlo Huaiquillán Palacio, Comunidad Butaco, Ercilla. Tiene 24 años y está acusado del incendio de un camión de Forestal Arauco ocurrido el pasado 4 de enero en Malleco Bajo, Collipulli, donde el chofer resultó lesionado, además de tenencia y porte de arma de fuego. Lleva seis meses recluido y se convirtió en el huelguista número 35 al sumarse el pasado 13 de septiembre a la movilización.
Centro de Detención Penitenciario de Lebu
Carlos Muñoz Huenumán, Comunidad Venancio Ñeguey de Choque, Tirúa. Tiene 25 años y adhirió a la huelga de hambre el 29 de julio. Está en prisión preventiva desde abril del año pasado por ataque al fiscal Mario Elgueta, hecho por el que fue formalizado bajo los delitos de homicidio frustrado, asociación ilícita terrorista y robo con intimidación.
Eduardo Painemil Peña, Comunidad Huentelolén, Cañete. Está internado desde el 23 de septiembre en el hospital Regional de Concepción, donde fue operado de una apendicitis. Se unió a la huelgade hambre junto a Carlos Muñoz, el 29 de julio, y se le imputa participación en diferentes ataques incendiarios.
Juan Carlos Parra Leiva, Comunidad Venancio Ñeguey, Tirúa. Tiene 32 años y es el tercer huelguista de Lebu se sumó el martes 10 de agosto a la movilización. Fue trasladado junto a Eduardo Painemil al hospital de Concepción y es otro de los acusados por el ataque al fiscal Elgueta. En mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción lo había dejado en libertad junto a su hermano Norberto y Jonathan Huillical, pero a inicios de agosto la medida fue revocada y volvió a ser detenido.
Centro de rehabilitación conductual, Chol Chol
Luis Marileo Cariqueo, Comunidad Cacique José Guiñón, Ercilla. Tiene 17 años y es uno de los dos menores de edad en la huelga, a la que se unió el 1 de septiembre. Fue detenido en su liceo el 13 de abril de este año, aunque en 2008 ya había resultado con una fractura en su cara durante un allanamiento. Su tío José Cariqueo también estuvo preso, acusado de ataques contra la forestal Mininco. Está acusado de asociación ilícita terrorista.José Ñirripil Pérez, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko. También en huelga de hambre desde el 1 de septiembre, se encuentra en prisión preventiva desde mediados de julio acusado por el ataque al fundo San Leandro, en Lautaro, ocurrido a inicios de 2009.
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