Todos saben lo que significa oponerse a la imposición y la
arbitrariedad. Sin embargo, ese día, cuando Antonio Estrada salió de su
casa a las dos de la tarde, iba despreocupado y sólo pensaba en su tío
Bartolo, a quien iba a visitar. Por eso, cuando vio la patrulla con
cuatro hombres encapuchados atrás y dos adelante, no se le ocurrió huir.
Apenas había salido de su casa, en la pequeña comunidad de Sasamtic,
municipio de Chilón, cerca del crucero Agua Azul, y no había caminado
más de 300 metros sobre la carretera que va a Tumbalá cuando la patrulla
le cerró el paso y dos hombres saltaron de la camioneta, lo detuvieron
sin explicaciones, le taparon la cabeza con una playera y lo subieron a
la góndola, tirándolo con violencia boja abajo, las manos esposadas
hacia atrás, el rostro prensado contra el metal caliente. Entonces
sintió los primeros golpes: en la cara, en los oídos, con la palma de la
mano. “¿Cómo te llamas?” “Tú eres el que asalta, ¿verdad?”, le
preguntaban mientras lo golpeaban y le picaban las costillas con los
dedos. Le dijeron que le darían un balazo y después lo envolverían en
una colchoneta y lo tirarían en un basurero. Encobijar. Así se le llama a
esa arte en el lenguaje del narco. La policía tiene buenos maestros.
Lo llevaron a algún lugar en Palenque. Allá lo sentaron en una silla,
le quitaron la camiseta que le cubría la cabeza y lo golpearon tan
fuerte que se le oscureció la vista. Después le vendaron los ojos con
tanta violencia que hasta ahora tiene una cicatriz de 5 centímetros en
el tabique nasal.
Entonces empezó el verdadero suplicio. Hay cosas que son indecibles.
No porque no se puedan contar los hechos, sino porque éstos no expresan
lo que realmente importa. “Así como ningún ser humano puede imaginar lo
que nos sucedió, es inimaginable que alguien pueda contar nuestras
experiencias”, dijo un sobreviviente de Auschwitz.
[1]
A Antonio lo acostaron en alguna superficie dura y le pusieron una
bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo. Los métodos de
“investigación” de la policía y el funcionamiento de la justicia
mexicana. Torturar a la víctima hasta que confiese lo que se quiera que
confiese. (“Resultado de los trabajos de inteligencia…”, dice el boletín
del gobierno de Chiapas que anuncia la detención.) A Antonio lo
acusaban de asaltar, él se rehusaba a culparse de delitos que nunca
cometió. Por eso lo asfixiaron hasta que se desmayó. Y cuando se
recuperó, lo volvieron a asfixiar. Y así sucesivamente. Después lo
sumergieron en un tambo de agua de 200 litros. Cuando estaba a punto de
ahogarse lo sacaban, lo golpeaban atrás de la cabeza, lo volvían a
sumergir. Amenazaban matarlo, lo golpeaban, lo sumergían, Antonio no se
culpaba. Entonces le amarraron un trapo con fuerza tapándole nariz y
boca y dejaban caer agua en el mismo. ¿Técnicas producto de la inventiva
nacional o cortesía de la Escuela de las Américas? Antonio intentaba
respirar y su nariz y boca se llenaban de agua. Veía la muerte llegar,
pensaba en su mujer y sus dos hijos. Hasta que no pudo más. Confesó lo
que le exigían, dio los nombres de dos personas que sabía que asaltaban y
otro nombre inventado cuando le exigieron que nombrara a sus
“cómplices”.
Horas después la policía allanó los hogares de los dos hombres
mencionados por Antonio y detuvo a uno de ellos (el otro se dio a la
fuga). Serían más de las 2 de la mañana cuando llevaron a Antonio al
banco de arena en la carretera Ocosingo-Palenque, cerca del crucero Agua
Azul. Allá le exigieron que dijera dónde cometía los asaltos. Como lo
volvió a negar, lo volvieron a golpear. Después jalaron un tronco hacia
la carretera con una cadena, atravesaron una camioneta RAM blanca,
cubriéndole el logotipo y la placa con cinta canela, y tomaron fotos de
la escena y de una pistola, dos machetes y un pasamontañas: las
“pruebas” del asalto en el que supuestamente la policía detuvo a Antonio
in flagranti. A las 10 de la mañana Antonio fue presentado
ante el Ministerio Público en Palenque, donde lo obligaron a firmar una
declaración previamente redactada, bajo amenazas de nuevas torturas.
Esto fue el 8 de agosto de 2011, y es la fecha que consta en la
documentación oficial como el momento de su detención, a pesar de que,
en realidad, fue detenido un día antes. Antonio Estrada Estrada es
miembro de la Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón,
participa en la resistencia por la defensa del territorio y contra la
imposición de proyectos megaturísticos en la región y es hijo del
principal Leonardo Estrada. Hoy está preso en el CERESS 17 de Playas de
Catazajá, enfermo por los golpes que recibió, con fuertes dolores de
cabeza, garganta y nariz. Su esposa lo visita sólo una vez al mes porque
no tiene dinero para el pasaje, y cuando llega tiene que enfrentarse a
los maltratos y a las revisiones humillantes.
–
Un mes y medio después de la detención de Antonio, Miguel Vásquez
Deara soñó que un perro lo perseguía. Había llegado a Palenque esa tarde
de Crucero Ch’ich, ejido de San Sebastián Bachajón, donde vivía, para
iniciar su semana de trabajo en la empresa de transportes Votán. Esa
mañana, 26 de septiembre de 2011, salió a la calle a las 9 de la mañana a
buscar pasaje, y dos horas después fue detenido por policías
preventivos acompañados por personas que él conocía: Juan Álvaro y
Manuel Jiménez Moreno, ambos operadores del secretario de gobierno Noé
Castañón. Manuel Jiménez Moreno, en particular, es hijo del ex regidor
de Chilón, organizó la detención de dos bases de apoyo zapatistas en
2008, fue protagonista de conflictos con la comunidad zapatista de Bolom
Ajaw, ha sido denunciado por numerosas agresiones y amenazas de muerte
y es ahora coordinador de campaña de Carlos Jiménez Trujillo a la
presidencia municipal de Chilón por el PRI.
A Miguel le taparon la cara con su propio uniforme, le quitaron el
dinero que traía y lo llevaron a un lugar desconocido donde le vendaron
los ojos, lo desnudaron, lo esposaron de manos y pies, le pusieron una
bolsa en la cabeza y lo golpearon en el estómago y en el pecho con
culatazos, y en la nuca con el puño cerrado. Lo interrogaban, le exigían
que se acusara del robo de un auto y de asaltos carreteros. Durante el
interrogatorio, Miguel reconoció las voces de otros opositores de la
Otra Campaña, presentes para acusarlo de delitos inventados. Le
preguntaban qué hacía en la organización, qué cargos tenía, quiénes eran
los dirigentes. Lo envolvieron en una cobija y lo patearon. Tanto lo
golpearon, que posteriormente defecó sangre. Lo forzaron a detener armas
mientras lo fotografiaban y, finalmente, lo obligaron a firmar una
declaración donde se culpaba de robo y potación de armas. Hoy Miguel
está preso en el CERSS de Ocosingo. Era policía comunitario de San
Sebastián Bachajón y es miembro de la Otra Campaña.
—
Ese 26 de septiembre, mientras Miguel Vásquez Deara estaba detenido y
siendo sometido a tortura, un operativo de unos 100 elementos de la
Policía Estatal Preventiva en cuatro camiones Torton invadieron la casa
del ex preso político Juan Aguilar Guzmán, tumbando dos puertas y
disparando armas de fuego dentro de la residencia, y se llevaron a su
hijo Jerónimo Aguilar Espinoza a un lugar desconocido, donde lo
mantuvieron durante varias horas, interrogándolo sobre la dirección de
la organización de la Otra Campaña. Al día siguiente fue liberado. Juan
Aguilar Guzmán, principal del ejido de San Sebastián Bachajón, fue uno
de los 117 presos el 3 de febrero de 2011, tras la toma violenta de la
caseta de cobro a las Cascadas de Agua Azul, controlada entonces por los
ejidatarios adherentes a la Otra Campaña. Salió libre el 23 de julio de
ese año, tras una campaña internacional por la liberación de los presos
políticos de Bachajón.
—
Un año antes, el 7 de octubre de 2010, Miguel Demeza Jiménez salió de
su comunidad de Lamal’tza, ejido de San Sebastián Bachajón, rumbo a
Ocosingo para comprar herramientas de albañilería. Miguel era
agricultor, pero de vez en cuando trabajaba como albañil para
complementar sus ingresos y así sustentar a sus cuatro hijos. Mientras
comía en un puesto de hamburguesas, fue detenido por elementos de la
Policía Estatal Preventiva. Como en los otros casos, fue trasladado a un
lugar desconocido donde fue brutalmente torturado hasta forzarlo a
firmar una averiguación previa autoinculpatoria, por el supuesto
secuestro de la hija de un hotelero. Ya en 2009 Miguel Demeza y otros
cinco miembros de la Otra Campaña de Bachajón habían sido detenidos y
torturados, y estuvieron presos durante casi tres meses, siendo
liberados en julio de ese año por falta de pruebas, tras denuncias del
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Amnistía
Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura. Esta vez,
Miguel estuvo arraigado casi dos meses en la Quinta Pitiquito en Chiapa
de Corzo y hasta ahora sigue preso en el CERESS 14, El Amate, Cintalapa
de Figueroa.
—
Como
documentan
la Red contra la Represión y por la Solidaridad en Chiapas y el Grupo
de Trabajo No Estamos Todxs, estos casos son sólo las más recientes
manifestaciones de una estrategia gubernamental por criminalizar e
intimidar —a través de la tortura y la prisión— a las comunidades y
organizaciones que se oponen al despojo de tierras y territorios por los
grandes proyectos turísticos planeados para la región. Los cargos de
robo, asalto carretero y portación de armas son los delitos favoritos.
La lucha por la liberación del profesor Alberto Patishtán y del base
de apoyo zapatista Francisco Sántiz López, que se extiende por cada vez
más rincones de México y del mundo, abraza también a todos los presos
políticos y de conciencia y a todos los presos injustamente, torturados y
torturadas, violados y violadas en sus derechos fundamentales por el
gobierno del estado de Chiapas.
[1] Primo Levi,
Lo que queda de Auschwitz.
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