Nataniel Hernández es acusado en Chiapas
Hermann Bellinghausen Enviado
San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de marzo. Las 72 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, con actividad en 24 estados de la República, se pronunció hoy ante el riesgo de detención de Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá, en la costa de Chiapas.
La Red, que realiza este fin de semana su 41 asamblea nacional en esta ciudad, señaló que hoy sábado vence el término constitucional dentro de la causa penal 33-2011, por el delito de ataques a las vías generales de comunicación del fuero federal, contra Hernández Núñez. De decretarse el auto de formal prisión, el defensor podría enfrentar el proceso penal en libertad.
Sin embargo, también se le instruyó proceso por el delito de extorsión, considerado grave en el fuero común y sin derecho a fianza, con la intención de judicializar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
En su llamado a una acción urgente para impedir que Hernández Núñez vuelva a la cárcel, como ya estuvo temporalmente en dos ocasiones en semanas recientes, y recluido en los penales de El Amate y Tapachula, la Red apunta que se le han imputado
delitos fabricados, y persiste el riesgo de que las autoridades judiciales lo encarcelen y logren impedir que siga con su trabajo.
Ante ello, la ONG exige al Estado mexicano
que se decrete el auto de libertad por falta de elementos contra el director del CDH-Digna Ochoa, así como de José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, miembros del mismo centro.
Dirigiéndose al presidente Felipe Calderón, le solicita,
con base en el artículo 8 de la Constitución que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, inste a que investiguen los hechos aquí descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación.
La red nacional también pide
medidas concretas y urgentespara aplicar las declaraciones de Defensores de la Organización de Naciones Unidas y Universal de Derechos Humanos, así como la Convención Americana de garantías fundamentales. Y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos,
con base en el marco de sus atribuciones, les solicita que expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.
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