El municipio autónomo indígena de San Juan Copala, establecido hace tres años en el corazón histórico de la región triqui, sin derechos municipales hace más de 60 años, fue finalmente destruido a sangre y fuego por paramilitares, también triquis, que operaron con impunidad hasta el último minuto. La complicidad de los gobiernos estatal y federal ha sido absoluta. Y determinante desde hace 10 meses, cuando la comunidad fue sitiada por grupos armados que asesinaron e hirieron a muchas personas pacíficas. El desenlace se precipitó el 13 de septiembre, cuando los paramilitares tomaron Copala y dispararon contra la población, hasta que el día 23 los sobrevivientes huyeron, algunos en patrullas funerarias (lo único que acertó a mandar el gobierno, para levantar cadáveres).
Pudo ser peor. Los agresores anunciaban una masacre. De cualquier forma, es grande la cifra de asesinados en el desmantelamiento de la única autonomía indígena que se intenta hoy en Oaxaca, a 14 años de los Acuerdos de San Andrés. Más son los heridos, y los desplazados, familias enteras.
Las diarias y angustiosas denuncias no impidieron el desenlace, aunque el problema sigue. Cabe el consuelo de suponer que se impidió la masacre. El operativo contra el municipio autónomo fundado en 2007 corrió a cargo de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), grupo priísta que como tal ya no existe en el área, pero que dirigido desde Juxtlahuaca y Oaxaca por Rufino Juárez y el propio gobierno estatal, se esmeró en la aniquilación. El gobernador Ulises Ruiz había dicho que no permitiría ninguna autonomía en el estado. La salió barato, ni siquiera tuvo que enviar a sus policías. Ahora niega que haya muertos (La Jornada, 26/09/10).
Ubisort posee una milicia mejor armada que la policía, y con adiestramiento militar. Es responsable de la emboscada en la que fallecieron la activista Beatriz Cariño y el internacionalista finlandés Jiri Jaakkola, meses atrás. También de muchas otras muertes, violaciones, heridos y exilados. Como se sabe, tanto los asesinos como sus jefes permanecen impunes y son, para fines prácticos, figuras institucionales.
De manera reiterada se denunció además la participación en la escalada paramilitar de miembros armados del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del cual el municipio autónomo de Copala significa una escisión, como MULT Independiente. Desde las filas del MULT han salido versiones de que nadie suyo participó en la violencia, y se ha responsabilizado de los hechos al MULTI por insistir en una autonomía “minoritaria”
. O sea, como de costumbre, los muertos indígenas son los culpables de estar muertos.
Sin embargo, Timoteo Alejandro (fundador del MULTI) y su mujer Cleriberta, así como Antonio Ramírez López, “líder moral”
de los autónomos, cayeron en condiciones y locaciones que apuntan, no a Ubisort, sino al muy vertical MULT, que habría “castigado”
su “traición”
. Los asesinos de Ramírez López están plenamente identificados, en Yerbasanta, localidad de mayoría MULT, donde ocurrió la emboscada que le costó la vida.
Esta organización proviene de la ejemplar resistencia de los mejores espíritus triquis en los años 80 del siglo pasado, y que a lo largo de los años siguientes sufrió la pérdida de sus principales líderes, pensadores y maestros, como Paulino Martínez Delia, sacrificados por los caciques priístas. En la presente década, el MULT devino organización oficialista y electoral, liderada por su asesor jurídico Heriberto Pazos, y convertida en Partido Unidad Popular, con presencia en el congreso de Oaxaca y vínculos con Ulises Ruiz, quien en más de una ocasión ha expresado (según fuentes dignas de crédito), que “el MULT es la única organización con la que se puede negociar”
. Mal que bien, en algo le debió su apretado “triunfo”
electoral en 2004, cuando el PRI se impuso fraudulentamente.
Tampoco son desdeñables los “agradecimientos”
por escrito de Ubisort al MULT en diversas ocasiones, por ejemplo cuando “impidió”
llegar a Copala a una caravana de Atenco en 2009. El MULT se reivindica como parte de la APPO, el Congreso Nacional Indígena y, a pesar de su actividad electoral, de la otra campaña; espacios todos en lo que también se inserta el MULTI.
El conflicto triqui es añejo y complejo. Y sospechosa es la persecución a muerte contra la autonomía de Copala, en el centro tradicional de este pueblo históricamente difamado y negado. Por cierto, se han documentado importantes prospecciones de trasnacionales mineras en la región. Es hora de que el MULT, tan expedito para las acusaciones y descalificaciones, confronte su actuación en la violencia contra los autónomos. Ciertamente, existen contradicciones en su seno, mas no puede eludir sus responsabilidades de cara a la indispensable y urgente reconciliación de todos los triquis (incluida su inmensa diáspora) para defender juntos su viabilidad como el admirable pueblo indígena que siempre han sido.
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