Es el año del bicentenario y Felipe Calderón habla constantemente de la celebración de los 200 años de independencia, del triunfo de la libertad y de la construcción de la democracia. Pero tras ese telón, una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas es tolerada y fomentada por el gobierno mexicano en los rincones más pobres y vulnerables de nuestro territorio. El caso más indignante es el de San Juan Copala, corazón político y ceremonial de las comunidades de la región Triqui baja. Desde diciembre de 2009, la población de Copala sufre el acoso cruel y violento de grupos paramilitares bajo las órdenes de los caciques priísitas locales, apadrinados por Ulises Ruiz, que buscan el control del territorio y de los recursos de esta región de la mixteca oaxaqueña. Un cerco armado que dispara día y noche sobre hombres, mujeres y niños de la comunidad, ha confinado a una población entera a vivir en el terror y soportando la carestía de los más básicos servicios. Sin luz, sin agua, sin posibilidades de abastecerse de alimento, la situación de los habitantes de Copala es alarmante.
A pesar del escandaloso y flagrante atentado contra la vida y los derechos humanos de una comunidad entera, los gobiernos Federal y Estatal se hacen de la vista gorda y favorecen la impunidad en los asesinatos de activistas indígenas. Los casos más conocidos son el de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras de la radio del Municipio Autónomo, y el asesinato del líder y fundador de ese municipio, Timoteo Alejandro y su esposa Tleriberta. El 21 de agosto, Antonio Martinez, líder del vecino poblado de Santa Cruz Tilapa, y otras 3 personas, fueron asesinadas mientras organizaban una caravana de mujeres y niños que partiría dos días después de San Juan Copala rumbo a la capital. Además, dos caravanas solidarias que llevaban agua y víveres a la comunidad, fueron cercadas por los paramilitares y en uno de estos cercos fueron asesinados los defensores de derechos humanos Betty Cariño y Jyri Jaakkola.
Estos crímenes y otros asesinatos ocurridos en la comunidad, permanecen impunes sin que siquiera se inicie una investigación, a pesar de que se ha denunciado a los responsables: Rufino y Anastacio Juárez Hernández cabezas de la organización paramilitar Ubisort (Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui), organización priísta creada en 1994 para controlar la región Triqui. La intervención de los grupos priístas en Copala inicia al menos desde 1971, cuando se impuso la elección oficial de autoridades en contraposición de la tradicional elección de autoridades comunitarias a través de un Consejo Popular. Desde entonces, la lucha por defender su autonomía en la elección de autoridades y en la administración de los recursos del pueblo Triqui, ha recibido el embate de la violencia paramilitar: los asesinatos, las desapariciones y violaciones a mujeres buscan debilitar la resistencia triqui.
En los noventas el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) fue corrompido por los caciques lo que dio lugar a la separación de una parte de sus integrantes para formar el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). El MULTI, dirigido por Timoteo Alejandro, creó el Municipio Autónomo en 2007, como una forma de autogobierno sin intervención estatal ni de los partidos políticos. Su principal demanda es que todas las partidas presupuestales se entreguen a las comunidades indígenas para mejorar la vida de sus familias y sus pueblos. Los caciques y grupos priístas vieron amenazado el control de los recursos de los municipios que durante años han monopolizado en todas las comunidades oaxaqueñas y decidieron aniquilar la semilla de la lucha Triqui para que los otros pueblos no se contagiaran de la idea de la autonomía.
Para denunciar lo que sucede en Copala, 100 mujeres y niños instalaron un plantón en el centro de la Ciudad de Oaxaca. Otro pequeño plantón de denuncia se ha instalado en el zócalo de la Ciudad de México y no se han hecho esperar las amenazas de desalojarlo.
El proyecto de Municipio Autónomo en Copala se resiste a morir o a ser desplazado, las autoridades autónomas y el pueblo de San Juan Copala siguen en pie de lucha, con la denuncia, con el llamado a la solidaridad, pero sobre todo resistiendo heroicamente ante la lluvia de balas, la escases y la carestía de alimentos y el terror. Es urgente brindar toda la solidaridad a la resistencia de San Juan Copala, multiplicar la denuncia, debemos romper el cerco que asesina a las comunidades triquis y exigir la inmediata y definitiva desarticulación y el castigo a estos grupos de asesinos paramilitares en nuestro país.
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