Chilpancingo, Guerrero. 21 de Octubre de 2010.
Exigen organismos civiles al Estado Mexicano cumplir las sentencias de la CoIDH, la propuesta de Calderón es incompleta y permite la prevalencia de la impunidad y los abusos militares. Las diligencias en el caso Radilla, son simulaciones frente al vencimiento del plazo para cumplir la sentencia, mientras no se localicen los restos del luchador social y se señalen responsables, no habrá justicia ni verdadera reparación. Urgente retirar a los soldados de las comunidades, manifiestan preocupación ante operativos en Coyuca de Catalán y las violaciones de derechos humanos cometidas por policías en Hacienda de Dolores y otros poblados de la zona.
Las organizaciones que suscribimos el presente documento, exigimos al gobierno mexicano, el cumplimiento total de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como consecuencia de los juicios en contra de México por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano. La propuesta enviada por el presidente de la República respecto al Fuero Militar, deja abierta la puerta para que siga prevaleciendo la impunidad como un denominador común de los delitos cometidos por soldados en contra de civiles. Limitar el jucio de elementos castrenses a tres delitos, permite a dichos elementos continuar actuando de manera abusiva durante sus operativos, allanando viviendas, maltratando personas, robando dinero y pertenencias, entre otras muchas acciones que organismos estatales, nacionales e internacionales hemos constatado y documentado al margen de la actuación omisa de las autoridades responsables de brindarles atención, es vergonzoso que ante la falta de acceso a la justicia, las víctimas de violaciones de derechos humanos e nuestro país, deban acudir a la comunidad internacional para intentar obtener la justa reparación. A este respecto cabe recordar que las cuatro sentencias en contra de México(Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero, como un referente de la grave situación de los derechos humanos en nuestra entidad, a pesar de que el discurso oficial intenta cubrir las atrocidades que durante décadas han cometido de manera permanente los soldados mexicanos contra el pueblo guerrerense.
En este contexto, las nuevas excavaciones que se realizan en el ex-cuartel militar de la ciudad de Atoyac, como parte del cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, deben apegarse a las exigencias de la familia Radilla para que efectivamente puedan encontrarse los restos del luchador social, además de realizar las diligencias e investigaciones necesarias que permitan establecer los grados de responsabilidad en que incurrieron
diversos funcionarios públicos como parte del delito contra el señor Radilla; es por ello que las diligencias emprendidas por el gobierno mexicano nos parecen sólo un montaje simulatorio de cara al plazo otorgado por la CoIDH y que está próximo a vencer; mientras la impunidad continúe acompañando cada caso de violación a los derechos humanos y el acceso a la justicia sea negado o entorpecido, no podremos considerar que las actuaciones del Estado realmente colaboren a la construcción de un país democrático y garante de los derechos humanos.
Finalmente, como organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, reiteramos nuestra preocupación por los operativos que realizan actualmente elementos del Ejército Mexicano en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, concretamente en la Sierra de Coyuca de Catalán, como consecuencia del ataque del que refieren fueron objeto algunos elementos policiales hace más de dos semanas. Las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por policías de diferentes corporaciones, como por soldados, bajo el pretexto de la llamada Guerra contra el narcotráfico, mantienen a la población de diferentes regiones de nuestro estado, prácticamente secuestrada y a merced de la actuación a veces brutal de quienes supuestamente se encargan de mantener el orden público. Es por ello que continuamos exigiendo el retorno del Ejército Mexicano a los cuarteles militares y la puesta en marcha de una estrategia de seguridad pública en la que la sociedad civil sea tomada en cuenta, ya que somos la ciudadanía en general quienes padecemos de manera directa las consecuencias de la actual estrategia de seguridad nacional, cuyo costo en decenas de miles de vidas, sólo ha servido para generar más violencia sin que por ello sean reducidas verdaderamente las capacidades del crimen organizado.
Exigen organismos civiles al Estado Mexicano cumplir las sentencias de la CoIDH, la propuesta de Calderón es incompleta y permite la prevalencia de la impunidad y los abusos militares. Las diligencias en el caso Radilla, son simulaciones frente al vencimiento del plazo para cumplir la sentencia, mientras no se localicen los restos del luchador social y se señalen responsables, no habrá justicia ni verdadera reparación. Urgente retirar a los soldados de las comunidades, manifiestan preocupación ante operativos en Coyuca de Catalán y las violaciones de derechos humanos cometidas por policías en Hacienda de Dolores y otros poblados de la zona.
Las organizaciones que suscribimos el presente documento, exigimos al gobierno mexicano, el cumplimiento total de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como consecuencia de los juicios en contra de México por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano. La propuesta enviada por el presidente de la República respecto al Fuero Militar, deja abierta la puerta para que siga prevaleciendo la impunidad como un denominador común de los delitos cometidos por soldados en contra de civiles. Limitar el jucio de elementos castrenses a tres delitos, permite a dichos elementos continuar actuando de manera abusiva durante sus operativos, allanando viviendas, maltratando personas, robando dinero y pertenencias, entre otras muchas acciones que organismos estatales, nacionales e internacionales hemos constatado y documentado al margen de la actuación omisa de las autoridades responsables de brindarles atención, es vergonzoso que ante la falta de acceso a la justicia, las víctimas de violaciones de derechos humanos e nuestro país, deban acudir a la comunidad internacional para intentar obtener la justa reparación. A este respecto cabe recordar que las cuatro sentencias en contra de México(Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero, como un referente de la grave situación de los derechos humanos en nuestra entidad, a pesar de que el discurso oficial intenta cubrir las atrocidades que durante décadas han cometido de manera permanente los soldados mexicanos contra el pueblo guerrerense.
En este contexto, las nuevas excavaciones que se realizan en el ex-cuartel militar de la ciudad de Atoyac, como parte del cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, deben apegarse a las exigencias de la familia Radilla para que efectivamente puedan encontrarse los restos del luchador social, además de realizar las diligencias e investigaciones necesarias que permitan establecer los grados de responsabilidad en que incurrieron
diversos funcionarios públicos como parte del delito contra el señor Radilla; es por ello que las diligencias emprendidas por el gobierno mexicano nos parecen sólo un montaje simulatorio de cara al plazo otorgado por la CoIDH y que está próximo a vencer; mientras la impunidad continúe acompañando cada caso de violación a los derechos humanos y el acceso a la justicia sea negado o entorpecido, no podremos considerar que las actuaciones del Estado realmente colaboren a la construcción de un país democrático y garante de los derechos humanos.
Finalmente, como organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, reiteramos nuestra preocupación por los operativos que realizan actualmente elementos del Ejército Mexicano en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, concretamente en la Sierra de Coyuca de Catalán, como consecuencia del ataque del que refieren fueron objeto algunos elementos policiales hace más de dos semanas. Las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por policías de diferentes corporaciones, como por soldados, bajo el pretexto de la llamada Guerra contra el narcotráfico, mantienen a la población de diferentes regiones de nuestro estado, prácticamente secuestrada y a merced de la actuación a veces brutal de quienes supuestamente se encargan de mantener el orden público. Es por ello que continuamos exigiendo el retorno del Ejército Mexicano a los cuarteles militares y la puesta en marcha de una estrategia de seguridad pública en la que la sociedad civil sea tomada en cuenta, ya que somos la ciudadanía en general quienes padecemos de manera directa las consecuencias de la actual estrategia de seguridad nacional, cuyo costo en decenas de miles de vidas, sólo ha servido para generar más violencia sin que por ello sean reducidas verdaderamente las capacidades del crimen organizado.
Atentamente.
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO. COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD. MOVIMIENTO POPULAR VICENTE GUERRERO. ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL. RED GUERRERENSE DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS AC.
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