Anticapitalistas en la Otra

Anticapitalistas en la Sexta es un espacio de discusión y organización política de carácter anticapitalista e internacionalista, que busca enlazar las luchas y fortalecer la unidad de las y los trabajadoras de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire, y del resto de l@s explotad@s por el sistema capitalista para avanzar en la construcción de un Programa Nacional de Lucha y su Plan de Insurrección. Como segundo propósito buscamos difundir las luchas, denuncias y actividades de los adherentes a La Sexta en el país y el mundo, y también de todos aquellos que que sin ser parte de La Sexta se encuentren abajo y a la izquierda.

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Video del mes: Palabras del mes: Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino. De no ser así, la burguesía podría poner estas dos fuerzas, la una frente a la otra, y aprovecharse, por ejemplo, de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo. CARTA DE EMILIANO ZAPATA A GENARO AMEZCUA Tlaltizapán, Febrero 14, 1918

Firma en contra de la reactivación del proyecto de despojo en Atenco

miércoles, 20 de marzo de 2013

Alberto Patishtan Blog


Alberto Patishtan


Posted: 19 Mar 2013 09:44 PM PDT


Noticias desde la 99.1 Radio Frencuencia Libre Oysmelol del 14 de marzo



En Español y Tsotsil

Posted: 19 Mar 2013 08:20 AM PDT


RESPUESTA AL BOLETIN DE LA SCJN

Marzo 8 de 2013

No estamos de acuerdo cuando La Corte señala que en realidad la " pretensión de Alberto Patishtan es que se reabra su caso, a pesar de que ya agotó todas las vías de impugnación establecidas en las leyes mexicanas, con la finalidad de que nuevamente se analicen las pruebas en que se sustentó su condena, sin la aportación de documentos públicos novedosos relacionados directamente con los hechos por los que fue condenado".

Nosotros desde un principio sabíamos perfectamente las complejidades del Incidente y que no se puede solicitar la reapertura del caso y la revaloración de las pruebas. Por eso nunca lo hicimos, (eso puede constatarse en el escrito que presentamos) lo que hicimos fue ir destruyendo una a una cada prueba con base en los nuevos criterios jurisprudenciales. 


Lo que a nosotros nos queda claro es que la Corte tuvo temor a establecer un precedente que abriera la oportunidad a que miles de casos fueran revisados utilizando nuestros mismos argumentos que se sintetizaban de la siguiente forma "lo que era prueba en el momento en que se emitió la sentencia, al paso del tiempo, con las nuevas tesis de jurisprudencia dejó de serlo". 

Las deficiencias en la procuración y administración de justicia son demasiados severas en México y la violación al debido proceso es algo cotidiano, las tesis que nosotros invocamos y que reinterpretaron el debido proceso, de resultar procedente el incidente pueden ser invocadas por miles de sentenciados, desde nuestro punto de vista esa es la verdadera razón por la cual la Corte decidió no reasumir, porque no quiso enfrentarse a la crítica de la sociedad, dado que ese precedente puede ser invocado por inocentes y culpables dada la forma generalizada en que se viola el debido proceso.

Hay otra cuestión que para nosotros es importante. La decisión de la Corte de no reasumir bajo ninguna condición constituye una sentencia vinculatoria para el Tribunal Colegiado que resolverá el incidente, esto es, el Tribunal bien puede darnos la razón, creo que eso es importante destacar.

Tampoco nosotros estamos de acuerdo cuando la Corte señala:

"A pesar de que la fracción II de dicho artículo admite reconocer la inocencia cuando a partir de la aparición de documentos públicos se invaliden las pruebas que sustentan la sentencia, este supuesto no lo cumplen las tesis emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte. 

Las documentales públicas necesarias para la procedencia del reconocimiento de inocencia son aquellas que están relacionadas directamente con los hechos materia de la condena de una persona y que tienen tal fortaleza y eficacia como para desvirtuar de manera plena las pruebas en que se sustentó la sentencia

Este caso no es comparable con los reconocimientos de inocencia resueltos por  la Primera Sala en el asunto conocido como 'Caso Acteal'. La diferencia es que en este último, la Suprema Corte inicialmente conoció de los hechos en la vía de amparo directo, en los que resolvió amparar a diversos sentenciados porque existieron violaciones sustanciales que llevaban a nulificar las pruebas con las que fueron condenados. Estas sentencias constituyeron documentos públicos únicamente para aquellos sentenciados por los mismos hechos, que por haber agotado el amparo directo ante Tribunales Colegiados, solicitaron ante esta Corte su reconocimiento de inocencia, los cuales sí fueron analizados por la Primera Sala".  

En el escrito que promovimos para argumentar el incidente sustentamos la razón por la cual las tesis SI SON DOCUMENTOS PÚBLICOS, señalando claramente que el Semanario Judicial de la Federación (en donde se encuentran compiladas) tiene su origen en un acto legislativo y además su compilación y difusión se encuentra regulado por el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto desde nuestro punto de vista las tesis sí son documentos públicos, este criterio fue compartido por la Ministra Olga María Sánchez Cordero y el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

No debemos olvidar que las jurisprudencias  que invocamos tienen su origen en sentencias emitidas en casos, incluyendo el de Acteal, por lo tanto la opinión de la Corte carece de solidez. Porque si las sentencias emitidas en los casos tienen el carácter de documento público, las tesis de jurisprudencia que tienen su origen en las sentencias de los casos, poseen en el mismo carácter, ya que no solo derivan de la sentencia, sino que también pasan a ser compiladas en el Semanario Judicial de la Federación.

Seguiremos insistiendo en la procedencia de nuestros argumentos y además en el hecho de que la decisión de la Corte de no reasumir la competencia no es una sentencia vinculatoria que obligue al Tribunal a declarar prima facie improcedente el incidente.  Consideramos importante dirigirnos al Ministro JUAN N. SILVA MEZA Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitarle que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Chiapas  analice acuciosamente los argumentos vertidos en el incidente y resuelva de manera independiente.

En el caso de los Incidente de reconocimiento de inocencia, la ley señala que la Corte es la que debe sustanciarles, sin embargo en el año 2002, la Corte emitió un acuerdo (5/2002) por el cual delegó en los Tribunales Colegiados la tramitación de esos asuntos;  reservándose la facultad cuando la naturaleza del caso por su trascendencia hiciese necesario que la Corte lo resolviera.  La ruta jurídica necesariamente debe agotarse ante el Tribunal Colegiado. Es interesante lo que sucedió en México, como pocas veces se ha visto el caso había generado una sinergia importante (sociedad civil-gobierno federal y gobierno estatal), se puede decir que no existía ningún sector que se opusiera a que la Corte reasumiera su competencia.

En cuanto al documento público, se considera que éste tiene tal naturaleza cuando está reglamentado en la Ley y es expedido por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. (en el incidente de reconocimiento que promovimos, señalamos la razón por la cual las tesis de jurisprudencia tienen el carácter de documento público). El artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales señala:

Artículo 560.- El reconocimiento de la inocencia del sentenciado se basa en alguno de los motivos siguientes:
I.- Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas
 II.- Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla o las presentadas al jurado y que sirvieron de base a la acusación y al veredicto.
III.- Cuando condenada alguna persona por homicidio de otra que hubiere desaparecido, se presentare ésta o alguna prueba irrefutable de que vive.
IV. Cuando dos sentenciados hayan sido condenados por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubieren cometido;
V.- Cuando el sentenciado hubiese sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna. 

Como se puede apreciar el artículo no señala que los documentos tienen que estar relacionados con el caso, además la Corte pasa por alto que el artículo 1º constitucional a partir del 10 de junio de 2011, consagra el principio pro persona (pro homine) determinando que en caso de duda el juez deberá hacer la interpretación más protectora.
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Posted: 19 Mar 2013 08:09 AM PDT


DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Tarjeta Informativa


REASUNCIÓN DE COMPETENCIA  9/2012.
"CASO DE ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ".

México, D.F., a 6 de marzo de 2013.

¿Por qué la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no reasumió su competencia originaria para analizar el reconocimiento de inocencia que promovió el sentenciado Alberto Patishtán Gómez?

La Primera Sala no reasumió su competencia para analizar el reconocimiento de inocencia promovido por el sentenciado, toda vez que, de origen, en términos del Acuerdo General 5/2001, los reconocimientos de inocencia deberán ser resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito y solamente en casos de que por sus peculiaridades excepcionales y trascendentes, dada su relevancia, novedad o complejidad, es posible solicitar a la Suprema Corte para que reasuma su jurisdicción para conocer de un asunto.


En el caso concreto, se advierte que el solicitante ya había agotado todas las vías de impugnación contra la sentencia definitiva que lo mantiene privado de su libertad, e incluso, también promovió reconocimiento de inocencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el cual lo declaró infundado por resolución de 21 de enero de 2010.

Los argumentos del promovente para que esta Primera Sala reasumiera su competencia originaria fundamentalmente son: que en virtud de las reformas a los artículos 1º. y 20 de la Constitución Federal de 11 de junio de 2011, la interpretación que esta Suprema Corte ha establecido  sobre los temas de derechos humanos, así como diversas tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, son documentos públicos que permiten a esta Suprema Corte reabrir su caso y le sean aplicables esos criterios para invalidar las pruebas en que se sustentó su condena.

La Primera Sala consideró que no procede reasumir la competencia originaria para conocer de un reconocimiento de inocencia,  porque el caso de Alberto Patishtán no se ubica en ninguno de los supuestos que establece el artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales, relativo a la procedencia del reconocimiento de inocencia.

A pesar de que la fracción II de dicho artículo admite reconocer la inocencia cuando a partir de la aparición de documentos públicos se invaliden las pruebas que sustentan la sentencia, este supuesto no lo cumplen las tesis emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte.

Las documentales públicas necesarias para la procedencia del reconocimiento de inocencia son aquellas que están relacionadas directamente con los hechos materia de la condena de una persona y que tienen tal fortaleza y eficacia como para desvirtuar de manera plena las pruebas en que se sustentó la sentencia.
    
En realidad, la pretensión de Alberto Patishtan es que se reabra su caso, a pesar de que ya agotó todas las vías de impugnación establecidas en las leyes mexicanas, con la finalidad de que nuevamente se analicen las pruebas en que se sustentó su condena, sin la aportación de documentos públicos novedosos relacionados directamente con los hechos por los que fue condenado. Aceptar esta pretensión desvirtúa los parámetros legales que rigen la procedencia y naturaleza jurídicas que rigen la figura del reconocimiento de inocencia.

Este caso no es comparable con los reconocimientos de inocencia resueltos por  la Primera Sala en el asunto conocido como 'Caso Acteal'. La diferencia es que en este último, la Suprema Corte inicialmente conoció de los hechos en la vía de amparo directo, en los que resolvió amparar a diversos sentenciados porque existieron violaciones sustanciales que llevaban a nulificar las pruebas con las que fueron condenados. Estas sentencias constituyeron documentos públicos únicamente para aquellos sentenciados por los mismos hechos, que por haber agotado el amparo directo ante Tribunales Colegiados, solicitaron ante esta Corte su reconocimiento de inocencia, los cuales sí fueron analizados por la Primera Sala. 

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