Respuesta a Antonio Gamboa del CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS A.C

CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS A.C.

          

                             San Cristóbal de Las Casas, 13 de febrero de 2011.

Lic. Antonio Gamboa López

Coordinador General de Asesores del Ejecutivo del Estado.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Licenciado:

En atención a la invitación que nos hizo -como integrantes del Centro de Derechos de la Mujer- para participar en calidad de observadoras, en el diálogo con las partes del conflicto en Agua Azul, que se realiza en la Universidad de la Selva en Ocosingo,  queremos dejar clara, a través de este documento, nuestra posición de no participar en ese evento por las siguientes razones:

1. Consideramos que no existen las condiciones para la realización del mencionado diálogo mientras una de las partes en conflicto no esté presente y los derechos de las mujeres sean vulnerados.
2. Pensamos que en la situación actual, ningún espacio gubernamental  garantiza la posibilidad de llegar a acuerdos entre las partes. La violenta intervención militar en Agua Azul, el parcial apresamiento de más de cien campesinos y las torturas de que fueron objeto (de acuerdo al comunicado emitido el 11 de febrero por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)., así como el juicio evidentemente apresurado, incompleto e injusto en el cual la Fiscalía omitió observar las garantías al debido proceso señaladas en la Constitución Federal y que procuró que se dictara formal prisión para 10 personas entre los que se encuentra un menor y un incapacitado mental, evidencian algunas  razones más de la resistencia y rechazo al diálogo de una de las partes.
3. De acuerdo al seguimiento que hemos dado a este caso y por la forma en que las mujeres han vivido el problema, consideramos que el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido violado, no sólo por los hechos citados arriba, sino porque uno de sus orígenes, parece ubicarse en la insistencia de las autoridades de otorgar, a través de una de las partes, un apoyo económico significativo para modernizar el espacio turístico administrado por el ejido; y resulta  evidente que no hay un acuerdo de la comunidad, porque muchos ante lo que ven como amenaza de despojo defienden su derecho a la tierra y territorio. Consideramos, en este sentido, que las autoridades en sus diferentes niveles, las iglesias y las organizaciones lejos de manipular y de fomentar las divisiones al interior de las comunidades, tenemos la obligación de garantizar la observancia del derecho a la autonomía, propiciando con respeto  un clima adecuado, de respeto y de libertad para que las partes lleguen a un acuerdo comunitario.
4. En el Centro de Derechos de las Mujeres, conocemos de cerca  la complejidad de la situación en Agua Azul a través de los análisis que  han hecho las mujeres de ese gran ejido, con quienes trabajamos en la región. Sus comunicaciones, publicadas por diversos medios, dejan ver la claridad de su posicionamiento a pesar de ser víctimas del conflicto y de que injustamente han sido excluidas de su participación ciudadana. Para ellas, la imparcialidad de las autoridades es solo aparente., pues los programas y proyectos que el gobierno implementa para “erradicar la pobreza”, sin lograr su objetivo, han coadyuvado a agravar los conflictos en sus comunidades, porque utilizan el hambre y la necesidad de los campesinos para generar divisiones.
5. En su opinión, la presencia policíaca y militar en Agua Azul, como estrategia gubernamental para imponer la paz, ha aumentado la tensión entre los grupos confrontados y ha provocado que las mujeres vivan atemorizadas ante posibles amenazas, hostigamientos o incluso agresiones sexuales de parte de los militares, como ha sucedido en varias ocasiones anteriores en la región.  Ellas saben que la militarización viola sus derechos de seguridad y libre movilización. La presencia de policías y soldados ha alterado sus actividades cotidianas y ven disminuidas, aún más, las posibilidades de su participación política.
6. Como Centro de Derechos de las Mujeres promovemos la construcción de una cultura de justicia y de igualdad de género, clase y etnia, por lo que consideramos que para garantizar a las mujeres una participación activa en la solución pacífica de los problema que viven en sus comunidades, es necesario que se les tome en cuenta, se les reconozca que también son propietarias de la tierra, y se creen los espacios para que ejerzan sus derechos sociales, políticos, de autonomía y autodeterminación personal, sin la obligada mediación de los hombres y sin el temor a las agresiones militares.
7. En tanto que las partes en conflicto y el gobierno  no toman en cuenta  la opinión de  las mujeres, no reconocen su vocación de paz con justicia y dignidad, ni sus derechos ciudadanos, sino las excluyen de los acuerdos ejidales y de las decisiones sobre  el diálogo, las mujeres indígenas y no indígenas de la región tienen claro que el discurso de género del gobierno sobre sus derechos en la práctica no se cumple; al contrario, reproduce el problema histórico y estructural de su pobreza, marginación, subordinación y exclusión, además de limitar su proceso de auto-determinación personal y  el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
8. En ese sentido, de acuerdo al derecho nacional e internacional que protege a las mujeres y que es base de nuestros principios y misión institucionales como Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas,  dejamos claro también que no participaremos en ninguna mesa de diálogo  que no incluya a todas las partes en conflicto, incluyendo  a las mujeres afectadas.

Finalmente, le recordamos señor licenciado, que existen muchos asuntos pendientes de justicia para las mujeres, como la impunidad ante las violaciones de militares, la creciente violencia social, los despojos de tierra y las amenazas comunitarias de expulsión a las mujeres que han heredado tierra, amparándose en el derecho que tienen los pueblos a su costumbres, pero sin tomar en cuenta que constitucionalmente éstos se respetarán mientras no violen los derechos humanos. Es urgente la intervención del gobierno para que las autoridades locales, ejidales, municipales y militares acaten las recomendaciones internacionales y  resoluciones judiciales, que han sido favorables a las mujeres. Desde nuestro Centro de Derechos acompañamos a las mujeres afectadas, que esperan que el gobierno cumpla con su obligación de proteger sus derechos humanos.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.

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