Prisiones Privadas y la Corrupción en Arizona
Por Raúl Al-qaraz Ochoa / Originalmente publicado en ARIZONA BILINGUAL
La SB 1070 cayó como tormenta a la comunidad Latina de Arizona y del país entero el año pasado. Aunque la situación de Arizona ha seguido igual de pésima que lo que se vivía antes de la SB 1070, la demanda por más centros de detención sigue creciendo.
Según Gillian Brigham, el oficial de Asuntos Públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (I.C.E.), en el año fiscal 2009, “I.C.E. detuvo a 383.524 personas, con un promedio de 32.098 personas encarceladas a diario, repartidas en 270 centros de detención de inmigrantes a lo largo de la nación.”
En Arizona, la demanda por más cárceles aumentó con la aprobación de la SB 1070, un proyecto de ley que parece más bien ser un modelo de negocio donde la industria de las prisiones privadas se enriquece al encarcelar a la comunidad obrera Latina.
En Octubre del 2010 National Public Radio (NPR) sacó un reportaje desenmascarando que la SB 1070 fué un complot siniestro entre legisladores de Arizona—incluyendo el desdichado Russell Pearce—y una empresa llamada CCA (Corrections Corporation of America).
Corrections Corporation of America es una empresa privada que se especializa en el diseño, construcción, ampliación y administración de las prisiones, cárceles y centros de detención. El gobierno contrata a CCA para manejar sus prisiones—entre más contratos con el gobierno tenga y entre más leyes criminalizando a la comunidad migrante existan, cientos de millones de dólares se irán a los bolsillos de CCA.
Es por eso que nació la SB 1070: una ganancia política y económica.
Russell Pearce no introdujo la SB 1070 primero a la legislatura de Arizona, si no primero la compartió y recibió aprobación de un grupo secreto llamado ALEC (American Legislative Exchange Council).
ALEC es una organización de membresía donde legisladores estatales y las empresas más poderosas se unen para desarrollar proyectos de ley para el beneficio de los ricos y sus intereses empresariales. Empresas como ExxonMobil, Wal-Mart, Geo Group y la Asociación Nacional del Rifle pertenecen como miembros. Otro miembro es CCA – la mayor empresa privada de prisiones en el país.
Por dos años, Pearce y CCA han estado viniendo a estas reuniones. Es aquí donde la industria de las cárceles tuvo una participación critica en la creación de la SB 1070, póliza que les dará buen negocio.
Pero el chisme se pone hasta más interesante; la corrupción y el complot de Arizona se extienden:
- En cuanto Pearce metió la SB 1070 en la legislatura en enero del 2010, 36 co-patrocinadores se unieron a la propuesta, la mayoría también siendo miembros del grupo ALEC.
- Esa misma semana que se introdujo la propuesta, CCA contrató a personal para presionar a legisladores en el capitolio de Arizona para asegurar la aprobación de la SB 1070.
- Treinta de los 36 políticos co-patrocinadores recibieron donaciones de los grupos de presión y de las mismas empresas de cárceles privadas, como CCA, Management and Training Corporation y Geo Group en los meses después de la introducción de la propuesta.
- En Abril, la gobernadora Jan Brewer firmó la propuesta en ley, teniendo ella misma sus propias conexiones a las empresas de prisiones privadas. Los registros estatales de cabildeo muestran que dos de sus principales asesores – su portavoz Paul Senseman y su director de campaña Chuck Coughlin – son ex cabilderos (personal dedicado a presionar a políticos para crear o pasar ciertos proyectos de ley) de la empresa de prisiones privadas CCA.
Hasta los niveles más altos del gobierno Arizonense se encuentra la corrupción y el conflicto de intereses.
Es muy claro que la democracia en el estado de Arizona ha sido vendida a las empresas de prisiones privadas. CCA ha comprado a los legisladores, la policía y los agentes de la patrulla fronteriza. CCA ha comprado a leyes injustas racistas como la SB 1070 y los ataques a la enmienda 14 para someter a la población Latina/migrante y siempre contar con una población vulnerable a ser explotada y encarcelada. CCA ha comprado a la gobernadora y al gabinete convirtiendo a Arizona en su gran banco donde saquean sus ganancias.
El estado de Arizona ha sido vendido a CCA y otras grandes empresas.
Mientras esta sea la realidad, la justicia, igualdad y democracia estarán igualmente presas.
Como una miembra del grupo comunitario Corazón de Tucson dice, “Ahora es el tiempo de unirnos y organizar a nuestra comunidad para romper las garras de la corrupción. Otro Arizona no solamente es posible, es urgentemente necesario.”
Para más información:
- NPR. “Prison Economics Help Drive Ariz. Immigration Law”. Por Laura Sullivan
- InTheseTimes.com. “Corporate Con Game: How the private prison industry helped shape Arizona’s anti-immigrant law”. Por Beau Hodai
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